Una de las formas más comunes de afrontar el 'día después' de una hipotética independencia catalana es hacer una aproximación a qué tejido político quedaría en Cataluña. Desde hace años el suyo es el Parlamento más plural que hay, con hasta siete fuerzas políticas distribuidas en dos ejes combinados: el de izquierda-derecha y el de catalanismo-españolismo. Y eso, posiblemente, cambiaría.
Lo que tradicionalmente ha sido un reparto mayoritario hacia el catalanismo moderado (la antigua CiU siempre fue la primera fuerza) podría estar a punto de romperse de forma quizá definitiva. Si consiguen la independencia porque la realidad política interna cambiaría radicalmente para adaptarse a la nueva situación. Si no la consiguen, porque muy posiblemente Esquerra pase a ser el nuevo partido hegemónico en detrimento de una Convergència desgastada por el procés, por su traumática ruptura con Unió y por la corrupción de sus antiguos gestores.
Pero la hipotética 'desconexión' tendría también muchas consecuencias políticas en el resto de España. El impacto económico y el 'shock' político que supondría la escisión también redibujaría la lógica política interna de España, y haría necesarios cambios de calado en la ordenación interna del Estado. Y eso por no hablar de las 'responsabilidades' políticas de lo sucedido y de cómo responderían los votantes ante cada uno de los partidos por lo hecho... y lo no hecho.
Obviando todo ese tremendo impacto, y sus profundos efectos económicos, habría una lectura política inmediata. A bote pronto, y sin variar el sentido del voto de las últimas elecciones, el PP podría pasar a tener una mayoría mucho más holgada sin una Cataluña en la que han pasado a ser casi residuales: sin los 47 escaños de Cataluña bastaría con sumar 152 diputados para tener la mayoría absoluta. Mientras, Podemos y Ciudadanos perderían un importante granero de votos... que aspiraba a recuperar quien antaño fuera su principal beneficiario, el PSOE.
En realidad esa lectura cortoplacista de suponer cómo sería España quitándole Cataluña es irreal: el impacto de la independencia sería tan tremendo que es imprevisible saber cómo afectaría al voto actual. De hecho, y dando por improbable la ruptura, los partidos se preparan ya para un escenario más verosímil: el actual problema político ha alcanzado una dimensión tal que, aunque no acabe en independencia, deberá ser abordado de una u otra forma a medio plazo. Y en ese sentido, los cuatro partidos toman posiciones para el que seguramente será el gran debate de la legislatura. Y todos se juegan mucho y corren muchos riesgos en esta partida.
PP: hacer política con el territorio
La postura del PP en toda esta crisis, como lo fue en anteriores, es inequívoca: el nacionalismo moderado puede ser un aliado necesario si no se consigue una mayoría suficiente, pero siempre que el encaje nacional esté garantizado. No es la primera vez que en el PP se hace política con el territorio -las manifestaciones recorriendo Navarra durante el proceso con ETA es el ejemplo más reciente-, y siempre le da resultado: su votante sabe que el PP garantiza la unidad territorial y la centralización política.
En ese sentido, toda polarización favorece al PP justo por lo mismo que también favorece a los nacionalistas. La lógica acaba siendo en ambos bandos la de 'conmigo o con ellos', desdibujándose las alternativas y movilizando a los indecisos. Es la estrategia de ellos contra todos, que funciona gracias a su electorado, siempre fiel, y al argumento de que, a fin de cuentas, defienden la Constitución.
El riesgo, claro, es tensar demasiado la cuerda. De la misma forma que en poco más de una década el independentismo catalán ha pasado de ser residual a convertirse en mayoritario, un pulso demasiado prolongado puede acabar por consumir sus opciones. Nadie puede estar haciendo fuerza tanto tiempo.
PSOE: el perfil bajo de la bandera federal
Los socialistas llevan años levantando tímidamente la bandera del federalismo, es decir, todos en España pero con más autonomía. Su mayor problema ahora mismo es que no tienen fuerza como para comandar el debate, y por su posición ideológica viven entre dos realidades: si dan la espalda al nacionalismo, pierden a los votantes más a la izquierda que quieren abrir el melón de las reformas; si se ponen al otro lado del eje, pierden a sus votantes más moderados y se ubican en un espectro ideológico donde ahora sí tienen competencia fuerte. El hecho de que el líder del partido ni siquiera tenga escaño en el Congreso hace aún más difícil que tengan una voz propia que les permita recobrar el protagonismo necesario.
En general, la socialdemocracia ha envejecido mal, y no sólo en España: ha perdido a sus votantes más jóvenes y ha acabado por tomarse como un partido del 'sistema' en un momento de pujanza ideológica más reformista en su nicho electoral. El riesgo, en un debate como este -que lo que supone en realidad es un cuestionamiento del sistema actual a través del territorio- es que acabe por desconectar de unas bases ni tan 'establishment' como una posibilidad ni tan radicales como la otra.
La gran fortaleza que aún conserva el PSOE es que es el aliado necesario para cualquier gran cambio: tal y como está redactada la Constitución, sólo una amplia mayoría en las Cortes puede abrir el cerrojo de las reformas. Y eso, a medio plazo, sólo es posible con la voluntad de los socialistas.
Podemos: el difícil equilibrio con el nacionalismo
En momentos de polarización sólo caben dos posibilidades para salir reforzado: o bien estar en uno de los extremos, o bien ofrecer una alternativa aceptable para uno de ellos que arrastre al otro a negociar. Y eso justamente es lo que está intentando capitalizar Podemos, junto con su entorno.
Por su propia configuración ideológica, Podemos puede ser a la vez aliado y rival de muchas de las grandes formaciones nacionalistas actuales -desde el BNG a Bildu, pasando por Geroa Bai, ERC, Compromís o incluso las CUP-. Y desde su perspectiva, favorable a reformar la Constitución en varios aspectos, la oportunidad pasa por encabezar un nuevo polo que han bautizado como 'plurinacional'.
Bajo este 'naming' quizá mejorable se esconde el primer paso que ha supuesto la declaración de Zaragoza: un conjunto de fuerzas que suman más de un cuarto del electorado, más de 90 diputados, cinco gobiernos autónomos y los ayuntamientos de las principales capitales, que buscan una salida pactada. Su fuerza es incuestionable, pero sus riesgos también: no sólo por las diferencias y tensiones internas –ERC ya se ha negado a suscribir una declaración que el PDCat sí ha rubricado-, sino también por una posible reticencia de votantes que disputa al PSOE.
Ciudadanos: el reto de ser diferente
La formación de Albert Rivera, por su parte, está ante la mayor de las oportunidades y el principal de sus riesgos. Ciudadanos nació precisamente como movimiento de oposición al nacionalismo catalán, y a diferencia de otras fuerzas que sucumbieron al intento -como UPyD- o que han acabado por ser marginales en Cataluña -como el PP- ha logrado sacar tajada de la situación: son los líderes de la oposición en Cataluña y, por tanto, 'voz' de las fuerzas españolas en el punto más candente de todos.
Hasta ahí las ventajas, en términos de visibilidad, responsabilidad e importancia, que es todo lo que necesita un partido político para despegar. El riesgo, sin embargo, viene de la mano: su propuesta en este sentido es muy similar a la del PP, solo que con una posición mucho menos ventajosa. No en vano, ellos son quienes sostienen al Gobierno, y algunos de sus movimientos se han visto más encaminados a garantizar la supervivencia del Ejecutivo que a aprovechar para dibujar un perfil propio. El caso de la moción de apoyo al Gobierno que promovieron y acabó siendo rechazada es el caso más preocupante.
La dicotomía para ellos, por tanto, es muy arriesgada: o emerger como actor necesario, en tanto que son una fuerza nacional y catalana, o convertirse en un brazo más de un PP del que no consiga diferenciarse a ojos del elector. O un paso al frente o acabar fagocitados: como en Cataluña, para ellos puede no haber punto medio.
Evolución del auge del independentismo en Cataluña.
