
Primavera caliente para el PP. Imposible concentrar tantas desgracias juntas en tan poco tiempo. La presión de los Presupuestos Generales y las actuaciones judiciales sobre los escándalos de corrupción que alcanzan, salpican y, en algunos casos, afectan a la financiación de los populares han empezado a estrangular la legislatura de Mariano Rajoy, con apenas cuatro meses de andadura. Las primarias del PSOE parecen hoy juegos florales.
Desde Uruguay, el jefe del Ejecutivo trató este miércoles de enviar un mensaje de "tranquilidad". El presidente quiere un cierre de filas, y que todo su equipo y todos sus diputados repitan hasta la saciedad el "respeto" inquebrantable a la justicia. El primero en ponerse como ejemplo ha sido él, prestándose a dar testimonio con "normalidad" por el caso Gürtel.
Pero la astucia presidencial no ha sido suficiente. Mientras él cruzaba el Atlántico, el 'caso Lezo' explotaba con efectos colaterales y repartía dossieres por las calles y distribuía SMS por los medios con protagonistas relacionados con Ignacio González. La felicitación a Rafael Catalá y la respuesta de éste, agradeciendo su mensaje y pidiendo que "ojalá se acaben los líos", ha vertido ríos de tinta, nada comparables en número e intensidad a los del productor y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, donde comenta a Ignacio González que no hay manera de colocar a los jueces que ellos quieren en el caso del ático de Estepona.
Los fiscales también se han llevado lo suyo esta semana. El nombre del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, ha pasado a ser un miembro más de las familias españolas por su presencia en los medios. La predilección de Ignacio González por que la figura de Moix llegara a Anticorrupción, y así frenar sus problemas con la justicia, ha marcado agenda. Sin embargo, y pese a los sms, Ignacio González ingresaba en la prisión de Soto del Real el 23 de abril.
Más allá de los sms de González, las rivalidades internas en la Fiscalía han salido otra vez a la luz, y todo a raíz del 'caso Lezo', lo que ha enfrentado al fiscal Carlos Iañez con Moix, y a provocar especulaciones sobre la retirada de Iañez del caso.
Lo cierto es que estas broncas domésticas han animado a que Ciudadanos y PSOE presentaran el miércoles una PNL en la que solicitan la reprobación del fiscal general y del fiscal de Anticorrupción.
No en vano, el caso de los fiscales es como una aguja en el pajar, porque donde realmente se ha concentrado la ofensiva de la plana mayor de la oposición ha sido, primero, sobre la figura de Rajoy, solicitando que la comisión de corrupción del PP adelante los trámites con el fin de que el presidente declare en el mes de mayo y, en segundo lugar -y esto con distinta intensidad-, requiriendo la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, como quiere Podemos, así como su comparecencia en Comisión de Justicia para explicar la estrecha relación que tenía con González y qué sabía a propósito de poner y quitar fiscales y jueces al antojo del expresidente González.
En resumen, ceses, comisiones, dimisiones, y Podemos planteando una moción de censura para echar a Rajoy de La Moncloa, sin el apoyo del PSOE, quien ayer se apresuró a tachar de "irresponsable" la ocurrencia de la formación morada, recordando Antonio Hernando cómo cuando hubo ocasión de sacar adelante un Gobierno alternativo a Rajoy, Podemos votó no a la investidura de Pedro Sánchez.
Y por si no fuera poco la semana de postpasión en el Partido Popular, Pedro Sánchez, candidato a las primarias del Partido Socialista, preguntó ayer desde la Ser por qué no dimite Rajoy por no vigilar a los suyos, si por este mismo motivo Esperanza Aguirre se ha visto obligada a renunciar a sus cargos.
Diferencias en la gestión
Pese al ajetreo parlamentario y judicial, el PP no cree que corran peligro los Presupuestos Generales. Asumen las presiones, y que éstas arrecien para obtener el mayor rédito de una crisis sobrevenida en tromba y concentrada en esencia en menos de 10 días.
Pero de la asunción de la existencia de los problemas a la digestión de los mismos hay un trecho. En Génova hablan abiertamente de "cabreo", de hastío, del cansancio que supuso defender a líderes, hoy imputados, de los que más tarde se ha descubierto que, al tiempo que se les defendía en las tertulias de teles y radios, estos seguían infringiendo la ley.
En el Congreso, los acontecimientos se procesan de otra forma. La procesión va por dentro. Cierre de filas, como en la dirección nacional; puertas cerradas; más de lo mismo; pero, sobre todo, un argumentario: "Cifuentes lo ha denunciado ante la Fiscalía", "el que la hace la paga" y "aquí no se tapa nada". En definitiva, dos modelos contrapuestos: la autocrítica frente a la bandera contra la corrupción.