
Desde algunos ámbitos no se entiende muy bien que las comunidades de Madrid y el País Vasco hayan renunciado a las ayudas del Fondo de Facilidad, por el cual podrían haber financiado su nuevo endeudamiento a interés cero durante tres ejercicios.
Desde el Gobierno vasco se adujo como razón principal que Euskadi no necesitaba dichas ayudas por su "sólida" situación financiera y su alta solvencia en los mercados. Sin embargo, tras esta renuncia a la financiación gratis lo que también subyace es la defensa a ultranza del sistema del Concierto Económico, especialmente ante Bruselas.
En la actualidad, Euskadi cumple con todos los parámetros de déficit y endeudamiento, no ha necesitado rescate alguno y sus emisiones de deuda tienen buenos ratings de las agencias de calificación internacionales, incluso superiores a las del Reino de España. En 2015, el Gobierno vasco tiene previsto un endeudamiento bruto de 1.291 millones, de los que 579 millones serán endeudamiento neto, mientras que el resto irá a amortizaciones de deuda existente.
Una de las bases fundamentales del Concierto Económico vasco es la "autonomía financiera". Por lo tanto, lo que en principio podría parecer un ahorro inmediato en intereses de deuda podría, a la larga, mermar la capacidad del sistema fiscal vasco, del Concierto, incluso ante la Unión Europea.
Con motivo del expediente de las "vacaciones fiscales" vascas, a pesar de que Bruselas y el Tribunal de la UE las consideraron ayudas de estado ilegales, lo que realmente se logró con aquello fue el reconocimiento explícito por parte de la UE del sistema fiscal vasco y de su plena capacidad para regular de forma independiente su política impositiva en las materias que le son competencia (que son impuestos directos como IRPF, Sociedades y Patrimonio; sobre los indirectos, solamente tiene capacidad recaudatoria).
Por tanto la UE aceptaba, por ejemplo, que pueda haber incentivos fiscales a empresas en Euskadi diferentes a los del resto de España, siempre que no se violasen los principios de la libre competencia como si ocurría en las "vacaciones fiscales" al ser selectivas y no haberse comunicado previamente a la Comisión para su autorización.
Doctrina de las Azores
Uno de los argumentos fundamentales que hizo que la Unión Europea reconociera el Concierto Económico fue precisamente la "autonomía financiera" vasca, el hecho de que no hubiera compensaciones financieras del Estado hacia Euskadi, incluso aunque a esta comunidad se le descalabrasen sus ingresos fiscales o tuviera problemas para hacer frente a sus gastos. El Tribunal de Luxemburgo dictó doctrina en esta cuestión en una sentencia que afectó a las islas Azores (2006) en la que rechazó una regulación de incentivos fiscales a empresas precisamente por existir compensaciones económicas por parte del Estado de Portugal, cuestión que no sucedía en Euskadi.
Estrategia recentralizadora
Para el Gobierno vasco la mayoría de las políticas económicas que viene desarrollando el Gobierno del PP por la vía legislativa tienen una clara estrategia recentralizadora, lo que ha motivado una decena de recursos ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial.
Las condiciones para acceder al Fondo de Facilidad financiera establecen toda una serie de controles por parte del Ministerio de Hacienda sobre las cuentas autonómicas (destino del nuevo endeudamiento, cumplimiento de una serie de controles de gasto, etc.) que desde Euskadi se percibe también como una invasión competencial.
Asimismo, otro motivos para rechaza la oferta del Fondo de Facilidad es la quiebra del principio de bilateralidad que rige las relaciones entre Euskadi y el Estado, ya que las condiciones del Fondo implican la adhesión junto con el resto de las comunidades autónomas y además la aceptación de sus condiciones sin posibilidad de negociación.
En base al Concierto, las negociaciones financieras entre Euskadi y el Estado tienen lugar en una comisión bilateral y paritaria, la Comisión Coordinadora del Concierto Económico.