El dilema "Guns or Butter", que plantea la disyuntiva entre el gasto en defensa (armas) y el gasto en bienes de consumo (mantequilla), ha sido una constante en la historia económica y política global. Desde la Alemania de la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Fría y el presente, los gobiernos deben decidir entre seguridad y bienestar social. Dependiendo del contexto, la balanza se ha inclinado hacia uno u otro lado, con consecuencias económicas y sociales de gran impacto. La historia demuestra que, en demasiadas ocasiones, el militarismo condujo a la guerra.
"Cañones o pensiones" es una adaptación actual del famoso debate económico. En el contexto de pensiones, el debate se centra en la asignación de recursos públicos entre el sostenimiento de un sistema de pensiones generoso y otras necesidades económicas, como inversión en infraestructura, educación, sanidad o el gasto en defensa.
Según la Comisión Europea, la proporción de personas mayores de 65 años en la UE pasará del 20% actual a más del 30% en 2050. Esto implica un aumento inexorable del gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración, lo que puede detraer recursos clave para el crecimiento económico como la educación o la investigación y además colisiona con el gasto en seguridad.
Pues bien, los líderes comunitarios impulsan el rearme de Europa ante la tensión en Ucrania, buscando mayor autonomía en defensa. Respaldan el plan de Bruselas para aumentar el gasto, pero exigen más financiación, incluyendo eurobonos.
En 2024, el gasto en defensa de Europa es más de un 50% superior al de 2014 en términos nominales, aunque 2022 fue realmente el año en que el gasto se aceleró, condicionado por la guerra de Ucrania. Sin embargo, hay dudas sobre si el objetivo del 2% del PIB de la OTAN es suficiente para conseguir la preparación militar al ritmo requerido. Probablemente se necesitará más. Ahora bien, a medida que los estados aumentan su gasto, preocupa que los presupuestos nacionales sean insuficientes para respaldar el incremento en el gasto en defensa sin incurrir en un endeudamiento público insostenible.
Recordemos que, para agravar el problema, la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos causa preocupación en muchas capitales europeas por su sugerencia de que el objetivo de Europa en defensa alcance el 5% del PIB.
Pues bien, en España uno de cada cuatro euros del presupuesto público se emplean en pensiones. Esto supone que, solo en pensiones contributivas, empleamos 11,5% del PIB mientras que para defensa se emplea actualmente el 1,3%. Por tanto, para satisfacer las exigencias de Trump, nos faltaría un 3,7% del PIB, que es casi triplicar el volumen actual de gasto en defensa. ¿Sería posible alcanzarlo sin recortes en otras partidas, entra las destaca la de las pensiones públicas?
La clave a considerar es el margen fiscal. El margen presente y el futuro. En 2024 fuimos la economía pujante en Europa, con un elevado 3,2% de crecimiento. A pesar de ello, el déficit público, estando en descenso y avanzando por la senda adecuada, sigue siendo elevado para el gran momento económico que vivimos, previendo Airef un desequilibrio en torno del 3,3% del PIB para 2024.
Nuestra economía va bien, pero no podemos permitirnos grandes fastos. Es imposible priorizar un gasto del 5% del PIB en defensa sin tocar aspectos clave del estado de nuestro bienestar.
1. Impulsar los fondos de pensiones de empleo (planes colectivos complementarios).
2. Ajustes automáticos en la edad de jubilación vinculados a la esperanza de vida.
3. Mayor digitalización e inversión en productividad para compensar el envejecimiento.
Son reformas que merecen ser consideradas, planteando una política de estado a largo plazo, en el contexto de una Europa que cada vez va a tener que depender más de sí misma y menos del amigo americano. Este año 2025 se cumplen los 30 años del Pacto de Toledo y procede la revisión de las recomendaciones. Es el momento adecuado para definir la política de pensiones en el nuevo contexto europeo y mundial.
