Una de las medidas más criticadas y polémicas del Gobierno de Rajoy fue la amnistía fiscal. Por esa razón, no es de extrañar que también haya generado polémica la medida de recuperar los 2.800 millones de euros que se perdonaron ilegalmente a los defraudadores. Esto no es una nueva ley, ni tampoco una revancha sobre los defraudadores, es simplemente aplicar el Real Decreto Ley 12/2012 en sus propios términos.
Veamos, la Disposición Adicional primera del citado Real Decreto-Ley señalaba en su apartado segundo que: "Las personas y entidades previstas en el apartado 1 anterior -los defraudadores que se quisieran acoger a la amnistía fiscal- deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento". Los bienes y derechos a que se refiere el apartado anterior son los no declarados.
Nadie estaba obligado a acogerse a la amnistía fiscal. De hecho, como sigue ocurriendo en la actualidad, cualquier contribuyente que no haya declarado correctamente puede arreglarlo presentado una declaración complementaria. Naturalmente, este contribuyente tendrá que pagar lo que no ha ingresado con los correspondientes recargos, y si ha trascurrido más de un año, intereses de demora. Pero si su obligación de pagar ha prescrito, los importes prescritos no tendrá que declararlos.
En la práctica, eso sí, hay un detalle adicional, el que alega la prescripción tiene que probarla. A menudo esto último es sencillo, pero si se ha llevado el dinero a un paraíso fiscal, eso puede ser un problema. Un certificado emitido por un banco en un paraíso fiscal no lo puede comprobar la Administración española directamente. Además, las autoridades españolas tampoco pueden comprobar estos documentos a través de los mecanismos de cooperación con otras Administraciones Tributarias, ya que estos mecanismos no existen con los paraísos fiscales. Esto quiere decir que no hay forma de distinguir ese certificado, emitido por un banco radicado en un paraíso fiscal, de cualquier papel que se fabrique el propio contribuyente.
Por esa razón, la tarifa plana del 10 por ciento de la amnistía era una gran ventaja para los defraudadores que se habían llevado su dinero a paraísos fiscales. Esta situación, ya de por sí escandalosamente favorable para los defraudadores, se convirtió en disparatada con el informe de la Dirección General de Tributos, de 27 de junio de 2012. Este informe fue calificado como ilegal y con graves deficiencias técnicas por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. Esencialmente, el informe señalaba que "el contribuyente podrá declarar sólo los bienes o derechos cuya titularidad corresponda a ejercicios no prescritos". Y respecto de los saldos bancarios, el 10 por ciento se exigía sobre el importe obtenido con rentas no prescritas. El principal problema del informe es que contradice al Real Decreto-Ley que señala literalmente que hay que pagar un 10 por ciento del valor de adquisición de los bienes ocultos al Fisco español.
El resultado práctico del informe fue que 31.484 defraudadores regularizaron unos 40.000 millones de euros -estimación del Ministerio de Hacienda- pagando 1.193 millones de euros, lo que supuso un tipo inferior al 3 por ciento. El importe regularizado y los bienes en los que se materializa, se pueden conocer gracias a la Declaración de Bienes en el Exterior, que todos los contribuyentes con valores, inmuebles o cuentas bancarias en el exterior tuvieron que presentar a partir de 2013. Evidentemente, buena parte de los defraudadores que han regularizado en la amnistía fiscal se han acogido a una interpretación claramente contraria a la norma, mediante la cual se han ahorrado, de media, un 70 por ciento de lo que debían haber pagado conforme a una norma que ya rebajaba sustancialmente los impuestos que debían pagar, además de perdonar intereses, recargos y sanciones. Si a esto añadimos que parte de este dinero pudo provenir de actividades relacionadas con la corrupción, y los nombres que han salido a la luz parecen corroborarlo, tenemos un cóctel letal para la conciencia fiscal en España.
Ante esto, se puede mirar hacia otra parte o se puede actuar. Recientemente, la Comisión Europea ha vuelto a exigir a España que tome medidas para reducir el déficit. En Ciudadanos consideramos que antes de exigir más impuestos a los contribuyentes honestos hay que aplicar las leyes a los defraudadores. Por eso, el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos incluye dos medidas muy relevantes, que los inspectores de Hacienda califican de trascendentales: exigir los 2.800 millones de euros perdonados ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal; y poner en conocimiento de los Tribunales de Justicia a todos los acogidos a la amnistía fiscal en los que concurren indicios de blanqueo de capitales.
Ahora bien, como en todo, el tiempo pasa inexorablemente. Aquí hay que cualquier actuación del contribuyente que conduzca a autoliquidar o extinguir sus deudas tributarias interrumpe la prescripción (artículo 68 LGT). Sin embargo, el próximo 30 de noviembre se cumplen cuatro años desde que finalizó el plazo de presentación de las declaraciones de la amnistía fiscal. Este hecho muy probablemente supondrá la prescripción del derecho de la Agencia Tributaria a comprobar estas declaraciones. El tiempo corre a favor de los defraudadores de la amnistía fiscal, que son los primeros beneficiados de la negativa de Rajoy y Pablo Iglesias a que se forme Gobierno en España. Lo peor de todo es que, obviamente, lo que no paguen los defraudadores, lo acabaremos pagando los contribuyentes honestos, vía subidas de impuestos o recortes de gastos. Es algo que todos deberíamos tener muy presente si la legislatura fracasa, pese al esfuerzo de algunos grupos, que no todos, y los españoles tenemos que volver a las urnas.
Por Francisco de la Torre Díaz. Inspector de Hacienda del Estado, autor de '¿Hacienda somos todos?' y diputado de Ciudadanos en el Congreso.
