Miquel Iceta, el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, ha presentado dos propuestas económicas estrella para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Por una parte, quiere que la agencia tributaria de la Generalitat recaude todos los impuestos en Cataluña. Por otra parte, también ha propuesto una quita de la deuda pública catalana con el Estado.
En mi opinión, las dos son muy malas ideas, y de hecho ambas han recibido durísimas críticas. Eso sí, mientras la ejecutiva federal del PSOE de Pedro Sánchez tiene dudas respecto de la quita de la deuda, sí que le parece muy bien fraccionar en 17 la Agencia Tributaria del Estado.
Lo primero es que ninguna de las dos propuestas se puede decidir en Cataluña. El PSC de Iceta, al igual que los independentistas, está realizando promesas que no puede cumplir, ni aunque ganase las elecciones por mayoría absoluta. Por una parte, quien tendría que realizar una quita de la deuda de las CCAA con el Estado no sería la Comunidad Autónoma sino el Estado. En cuanto a "consorciar" la Agencia Tributaria del Estado, es decir, ceder total o parcialmente su control a la Generalitat de Cataluña, de nuevo tendrían que ser Rajoy y Montoro los que lo acordasen.
Ambas propuestas tienen costes brutales, y la primera, el "consorcio" tributario que recaude todos los impuestos en Cataluña, es, hoy por hoy, simplemente imposible. Ya no solo es una cuestión de que Rajoy y Montoro no fuesen a acordarlo, que también. De hecho, dicho sea de paso, esta posibilidad se contempla en el Estatuto desde 2006, y Zapatero, que convivió con Maragall y Montilla, nunca estuvo dispuesto a "consorciar", es decir, ceder el control de la Agencia Tributaria en Cataluña a la Generalitat. Pero el consorcio es simplemente imposible porque, como he comentado en estas páginas, ha habido una fuga masiva de grandes empresas de Cataluña.
Las empresas ingresan sus impuestos donde radica su domicilio fiscal. Las grandes empresas ingresan no solo el impuesto de sociedades por sus beneficios, sino también el IVA por sus ventas, y las retenciones a cuentas del IRPF de sus trabajadores. Ahora mismo, un porcentaje muy elevado de los impuestos que se pagan en Cataluña se ingresan en otras Delegaciones de la Agencia Tributaria. En consecuencia, como el famoso "consorcio" operaría en Cataluña, solo recaudaría una parte de los impuestos catalanes, no todos, quiera o no el señor Iceta.
De hecho, para los inspectores de Hacienda, este planteamiento complicaría extraordinariamente la gestión tributaria, dificultaría el intercambio de información y beneficiaría a los defraudadores. Coincido con este planteamiento. De hecho, una persona tan poco sospechosa de antisocialismo como Josep Borrell, que fue secretario de Estado de Hacienda muchos años, señalaba hace dos días que "si cada Comunidad Autónoma gestionase sus impuestos sería un desastre para la eficacia".
El único país que tiene un sistema similar es Alemania. Pues bien, según datos de la OCDE, España gasta 67 céntimos en coste de Administración Fiscal para recaudar 100 euros, mientras que Alemania gasta 1,35 euros, más del doble. Les guste o no a los dirigentes del PSC y del PSOE, los datos avalan la postura de Borrell y de los inspectores de Hacienda respecto al desastre que supondría la ocurrencia del consorcio, incluso aunque el momento no fuese el más inoportuno posible.
Borrell no aceptó el tercer puesto por Barcelona en la lista del PSC para las elecciones autonómicas, y en su lugar Iceta fichó a Ramón Espadaler, exconseller de Interior con Àrtur Mas. Por eso no es tan extraño que ahora Iceta se haya apuntado a la vieja pretensión nacionalista de obtener a toda costa "les Claus de la plaça Letamendi", el control de la Agencia Tributaria en Cataluña, que incluye también decidir a quién se inspecciona y a quién no.
Tampoco se han medido las consecuencias, ni se han calculado los números, en lo que se refiere la quita de la deuda catalana. Cataluña es la comunidad más endeudada, y el primer acreedor, de lejos es el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La propuesta de condonación ha desatado las iras de otras Comunidades Autónomas, e incluso de dirigentes socialistas, y de otros partidos, que la consideran discriminatoria e injusta. No es razonable que el resto de los españoles pague el endeudamiento derivado, por ejemplo, de las estructuras de Estado.
Pero además, si se pretende que Cataluña como otras Comunidades Autónomas pueda acceder a financiarse en los mercados, una quita es cualquier cosas menos recomendable: garantizaría que la Generalitat sigue fuera de los mercados.
Lo peor de todo es que con un coste medio, como publicaba anteayer elEconomista, del 1,4 por ciento, que es lo que cobra el FLA, una quita no daría mucho más margen a los presupuestos autonómicos. Una quita total ahorraría a la Generalitat el pago del 1,4 por ciento de 52.000 millones, es decir 728 millones más disponibles para gastar este año. Esto, dentro de un presupuesto de más de 25.000 millones de euros, no es muy relevante.
De hecho, el Partido Socialista, al igual que los independentistas, intentó bloquear los presupuestos de 2017 por todos los medios. Solo la actualización de impuestos cedidos, para lo que es imprescindible la aprobación de los presupuestos generales del Estado, ha supuesto 1.020 millones de euros adicionales para la Generalitat este año. Ahora mismo, el PSOE sigue bloqueando los presupuestos de 2018, que supondrían más dinero para Cataluña que lo que se ahorraría en pagar intereses, incluso con una quita superior a la que propone Iceta.
Quizás sea mucho pedir a los socialistas que se dejen de cuentos y promesas imposibles, y que dejen de bloquear las cuentas, de todo tipo, con los independentistas. Desde Ciudadanos creemos que solo con un proyecto y unas cuentas sólidas podemos hacer que las cuentas le salgan a los catalanes y al resto de los españoles. En eso estamos.
