TP Ferro, la concesionaria del túnel del AVE a Francia, se encuentra en concurso de acreedores desde septiembre del año pasado. De esta manera, ACS, participante al 50% en ella junto con Eiffage, avanzó un paso más hacia el objetivo de cubrir con una indemnización del Estado los costes derivados de un proyecto en el que no se cumplieron las expectativas.
Fomento detectó hace meses la estratagema y su primera reacción resultó adecuada. Así, en 2015, el presidente de la constructora, Florentino Pérez, pretendió que el Ministerio inyectara 100 millones a fondo perdido en TP Ferro. La ministra Ana Pastor se negó y Pérez condujo a TP Ferro al preconcurso de acreedores.
Luego llegó el concurso propiamente dicho y, ahora, cuenta con una nueva oportunidad de tensar la cuerda. No en vano la concesionaria tiene que alcanzar un acuerdo con sus acreedores antes del próximo 30 de junio; en caso contrario, se declarará en liquidación y se interrumpirá el tráfico en la conexión de AVE entra Francia y España. TP Ferro aprovecha lo apurado de los plazos para volver a reclamar un rescate público, en este caso, de casi 500 millones.
De nuevo, Fomento acierta al volver a resistir la presión y también al adelantarse a los acontecimientos, ultimando la constitución de una empresa mixta con el Estado francés que asuma la gestión del túnel de Pertús, si se produce la liquidación.
Como el almacén de gas Castor enseñó de forma clara (un caso en el que ACS también estuvo implicado), tienen que acabarse los tiempos de las concesiones públicas en las que el concesionario siempre gana, ya que es la Administración la que verdaderamente arriesga y acaba asumiendo los costes.
