En España, este problema nace en núcleos políticos, pero su tendencia a crear entramados infecta a toda la sociedad.
Corrupción y política son dos conceptos que van de la mano en la mente de muchos ciudadanos, sobre todo en España. De hecho, el nuestro es uno de los países del mundo que peor percepción tiene de sus propios partidos por esta causa, según la organización Transparencia Internacional. Sólo en otros siete es mayor la sospecha que los representantes políticos provocan. Sin embargo, si bien las conductas corruptas tienden a constituirse y medrar en el ámbito político, es también cierto que, sobre todo en España, dichos comportamientos desbordan con facilidad ese núcleo y tejen entramados.
Un ejemplo reciente se halla en el último escándalo relacionado con adjudicaciones públicas irregulares, uno de cuyos cabecillas fue el líder popular Francisco Granados. Merece clasificarse como una auténtica organización criminal la red de cien empresas que el socio de Granados, David Marjaliza, puso en pie con el único fin, presuntamente, de pescar contratos.
La misma tendencia a socializar la corrupción se puede observar en la complejísima arquitectura de los Ere de Andalucía o los negocios del clan Pujol. En ella participan políticos, pero también abogados, sindicalistas, empresarios, obreros... Todo moldea un medio ambiente asfixiante para cualquier empresa que no quiera entrar en el juego. Las recientes declaraciones de los representantes de organismos tan dispares como el BBVA o la asociación Aecoc suenan a ahogos. También le falta el aire, por falta de recursos, a instituciones, como el Tribunal de Cuentas, que combaten la lacra. El presidente Rajoy sólo ha empezado a demostrar que escucha esas voces. Bienvenida sea la reactivación de viejas propuestas, pero debe ser más ambicioso.
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