Aznar prometió inversiones en Cataluña que se dejaron de realizar por la crisis.
La publicación de las cuentas territorializadas (antiguas balanzas fiscales) por parte del director general de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, arroja algo de luz en vísperas del encuentro que celebrarán el miércoles en Moncloa Rajoy y Mas. El primer problema económico es el conflicto político. Los medios de comunicación destacaron el déficit fiscal de 16.723 millones de Madrid, los 8.455 millones de Cataluña o los 2.018 millones de Valencia, la autonomía peor tratada.
País Vasco y Navarra son las comunidades autónomas más beneficiadas gracias al Cupo. Andalucía, Canarias, Extremadura, las dos Castillas o Asturias reciben también mucho más de lo que recaudan. Se entiende así la alegría con la que gasta el presidente extremeño, José Antonio Monago, capaz de adelantar una rebaja del IRPF con el dinero de los contribuyentes del resto del Estado. O por qué la presidenta andaluza, Susana Díaz, mantiene la sangría de los cursos de formación fraudulentos sin investigarlo siquiera.
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que estos días anda despendolada por el buen dato del desempleo, debería cortar en seco los alrededor de 800 millones anuales que la Fundación Tripartita entrega a las autonomías sin ningún tipo de control para la formación de parados. Pero eso es harina de otro costal.
El informe de Fedea muestra que las cuentas territoriales son un galimatías desequilibrado e imposible de equilibrar. Por eso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advierte de que no lo tendrá en cuenta para elaborar el nuevo mapa de financiación autonómica, cuya fecha quedó en el limbo, pendiente de una decisión política.
De la Fuente echa pestes contra madrileños y catalanes. Considera que no tienen motivo para quejarse, pese a que sus autonomías lucen déficits fiscales mayores que el resto, ya que se debe a que sus habitantes obtienen ingresos muy superiores a los de otras regiones y, por tanto, deben aportar más a las arcas del Estado.
Sin embargo, el informe muestra que el principio de solidaridad por el que autonomías ricas como Madrid, Cataluña o Baleares financian a las más pobres, como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha, no sirvió para acercar las diferencias entre estas regiones. La subvención pública incentiva la molicie, en lugar de la actividad.
Desde este punto de vista, habría que dar la razón a los catalanes que se quejan de que con sus impuestos se pagan algunos dispendios de los andaluces, ya que su déficit fiscal de 8.455 daría para sufragar la diferencia entre los que Andalucía recauda y lo que percibe del Estado. Si los políticos no fueran tan cobardes, comenzarían a diseñar un sistema de reparto mucho más ajustado a los ingresos tributarios de cada autonomía.
En Estados Unidos, por ejemplo, es impensable que un texano se plantee vivir de la mayor riqueza financiera de un ciudadano de Boston. Gracias a ello, los estados sureños impulsaron en los últimos años reformas fiscales y salariales que les permitieron atraer inversiones que antes iban al norte del país.
El inconveniente, en estos momentos, es que, con excepción de Andalucía, las regiones llamadas pobres son ahora gobernadas por el PP. En elEconomista abogamos por incrementar del 50 al cien por cien la cesión del IRPF a las autonomías e incrementar su poder para subir o bajar impuestos en función de sus resultados económicos. El Estado mantendría la caja central y lo que ingrese por impuestos indirectos para sufragar sus gastos y redistribuir el resto.
Rajoy debe acabar con el "café para todos" que sellaron José María Aznar y Rodrigo Rato en su primera legislatura con Pujol en el pacto del Majestic. El conocido hotel barcelonés, escenario de los triunfos electorales de CiU.
En el último momento, Rato arrancó el sí de Pujol a cambio de que el Gobierno invirtiera alrededor de 20.000 millones de pesetas anuales (120 millones de euros) para compensar a Cataluña, a los que se añadieron otros 10.000 millones de pesetas anuales, en los dos últimos años de la legislatura, según un pacto no escrito, reconocido posteriormente por alguno de los firmantes.
El acuerdo se cumplió unos años, pero luego se abandonó. La inversión del Estado en infraestructuras se desplomó de 40.000 millones a los alrededor de 10.000. El resto es conocido. La propuesta de Zapatero sobre el Estatuto catalán y el recurso del PP ante el Constitucional despertó la bicha independentista. Rajoy debe tener en cuenta esta historia para dar una salida a Mas. Una Cataluña independiente es inviable sin el euro, pero España sin Cataluña lo pasaría también muy mal. La mayoría de catalanes acepta el Estado español si se asumen una parte de sus reivindicaciones.
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