La reforma debería incrementar el ahorro, aumentar el empleo y mejorar la competitividad.
En los próximos días el Gobierno dará a conocer el anteproyecto de ley de reforma fiscal, uno de los principales hitos de su programa político. Para entonces habrán transcurrido más de tres meses desde que conocimos el Informe de la Comisión de Expertos (Informe Lagares) cuyo contenido ha sido ampliamente difundido. Ahora llega el momento de conocer cuánto de aquellas recomendaciones quedarán plasmadas en el texto propuesto, cuáles han sido descartadas y cuáles representan lo que coloquialmente podría llamarse cosecha propia del gobierno (o medidas fuera del guion).
El Gobierno ha ido filtrando determinadas informaciones que nos pueden ayudar a prever parte del contenido del anteproyecto, pero, por desgracia, es una parte muy pequeña. Consecuentemente, cualquier elucubración que se haga al respecto no pasa de ser más un deseo -o carta a los reyes magos- que una previsión real de lo que definitivamente pueda acontecer. Aun así y no estando cerrado el texto definitivo, no podemos dejar de aportar nuestra opinión acerca cuáles deberían ser algunos de los puntos más relevantes de una reforma cuya misión y objetivos son muy ambiciosos: "coadyuvar al proceso de consolidación fiscal" e "inducir una mejora de la competitividad de la economía, el incremento del ahorro y el aumento del empleo".
Esta misión, compleja y difícil, puede alcanzarse por varias vías, pero la Comisión de Expertos apunta un camino muy concreto consistente en mantener la recaudación mediante una redistribución de la carga fiscal que incremente los impuestos indirectos en detrimento de los directos. Además, dentro de éstos -los directos- propone una simplificación mediante una bajada de tipos e incrementos de bases y supresión de deducciones. Dicho todo de forma muy resumida.
El Gobierno nos ha lanzado varios mensajes a los ciudadanos. El primero, relativo a que son poco proclives a una subida del IVA, principal impuesto indirecto de nuestro sistema. A su vez, anuncia insistentemente y por diferentes vías (Economía y Hacienda) una bajada de tipos en IRPF e Impuesto sobre Sociedades, quizás menos generosa que la propuesta por la Comisión de Expertos, pero en todo caso gradual. Y además ya ha asegurado a diversos colectivos el mantenimiento de deducciones cuya desaparición se proponía (por ejemplo en I+D+innovación tecnológica o producciones cinematográficas). Todos contentos.
Pero, entonces ¿cómo va asegurarse el objetivo de recaudación si esta supuesta redistribución sale negativa en términos netos? Contar con un posible incremento que compense la bajada proveniente de la lucha contra el fraude no es una opción, por mucho que sea un objetivo plausible y necesario. Es muy importante avanzar en esa dirección pero, tal y como dice la Comisión de Expertos, no debería contarse en la ecuación con la recaudación extra así obtenida, pues no deja de ser algo relativamente incierto. Igualmente poco aconsejable es entender que la mejora de la economía, presente y futura, rellenará todo el hueco: aunque la teoría económica indica que en momentos expansivos una bajada de tipos conlleva un incremento de la recaudación, pues la liberación de recursos dinamiza la economía provocando un incremento de las bases, la duda surge respecto de la realidad y cantidad del supuesto ciclo expansivo en el momento actual. Quizás lo más prudente sería ponderar este factor de forma considerable.
¿Qué más nos queda?Las propuestas de la Comisión sobre el Impuesto sobre el Patrimonio, cuya supresión se recomienda, y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, respecto del que se aboga por una armonización territorial con bajada de tipos, chocan de plano con el entramado político de la financiación autonómica. Ambas medidas son muy necesarias por diversos motivos, pero el calendario de la reforma es muy ajustado y se nos antoja difícil de abordar en tan poco tiempo una cuestión con múltiples ramificaciones que exceden del ámbito tributario. Y en todo caso, las propuestas minorarían la recaudación.
Llegados a este punto parecería que los únicos que pueden pagar la fiesta que se avecina son los impuestos especiales: muchas veces los soporta una demanda considerada "inelástica" y, por ende, poco reactiva a cambios fiscales, lo cual es un error, tal y como ha puesto de manifiesto algunas subidas recientes, como la del Impuesto sobre las labores del tabaco.
Con este panorama, volvemos al inicio: es hora de releer el Informe y asumir que la mejora de competitividad, el incremento del ahorro y la creación de empleo implica necesariamente una reducción inteligente de la carga fiscal. La Comisión de Expertos aporta ideas buenas al respecto, pero si razones políticas impiden emplear las herramientas que conjugarían ese objetivo con el impuesto por Bruselas de consolidación fiscal, es hora de arriesgar, confiando en el efecto dinamizador de la reforma al margen de la evolución del ciclo, y de trabajar el otro componente de las finanzas públicas: el capítulo de los gastos (y no nos referimos precisamente a los de carácter social). Quizás este último apartado es el que con mayor énfasis reclama la ciudadanía y que el gobierno debería de abordar para poder completar su labor.
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