Pagarán menos IRPF las rentas más altas y las más bajas, aunque la supresión de tramos perjudica a las medias.
El informe del grupo de expertos, que preside Manuel Lagares, dio ayer el pistoletazo de salida para la reforma fiscal. El Gobierno no va a suscribir la propuesta en su integridad, pero la reforma que planea el Ejecutivo coincide con la filosofía que emana del informe. Hay verdadera obsesión en las más de 400 páginas de texto porque el sistema fiscal deje de ser un elemento distorsionador de la unidad de mercado. Esta misma semana, Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, explicaba en elEconomista que Hacienda quiere reducir la maraña de impuestos autonómicos. Ello explica el establecimiento de un tipo mínimo para Sucesiones y Donaciones. La Comunidad de Madrid se ha tomado este asunto como casus belli, porque es la única con tipo cero y teme perder atractivo fiscal. Un aviso a navegantes de que no será tan fácil podar la maraña fiscal autonómica.
El objetivo que se persigue y en el que coinciden tanto los expertos como el Gobierno, es la necesidad de hacer una reforma que active el consumo y la recuperación económica, lo que explica el trasfondo de las medidas que se proponen. Todo ello condicionado por la imperiosa necesidad de cumplir el objetivo de déficit y contener, en la medida de lo posible, el crecimiento de la deuda pública que cerró 2013 en el 93,9 por ciento del PIB. Unas décimas por debajo de lo previsto, pero que nos sitúan en un nivel récord.
No va a haber bajada generalizada de impuestos. Se va a realizar una redistribución de tributos para ganar competitividad. Las rebajas que se apliquen por una parte, se compensarán por otra. Por ejemplo, se apuesta por gravar menos en el IRPF a los tramos de renta más altos, para espolear el consumo, y también a los más bajos al reducir el tipo marginal máximo y elevar el mínimo. Sin embargo, la supresión de tramos del impuesto, de siete a cuatro, inevitablemente elevará la tributación de las rentas medias, que además sufrirán la eliminación de deducciones. Aun cuando todos los niveles de renta se van a ver compensados por una reducción de la base imponible mayor que la actual por el aumento del mínimo personal y familiar. El informe de los sabios contiene un impuesto sobre la riqueza, que el Gobierno no va a aplicar, como se apresuró ayer a aclarar Soraya Sáenz de Santamaría. Se trata de la polémica gravación como renta en el IRPF de la primera vivienda, en tanto que se procede a una profunda reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para dotarlo de un mayor potencial recaudador. Según los expertos, se podría establecer un mínimo exento para las viviendas más modestas. Esta medida que el Gobierno no va a poner en práctica perjudicaría a las rentas más altas. Ahora tributan por este concepto en Patrimonio, un tributo que desaparece y cuya función es de control de rentas más que recaudatoria.
En Sociedades se propone una reducción de tipos, acompañada de la supresión de deducciones. Las grandes empresas van a pagar más, pero habrá un reparto más equilibrado con las pequeñas; se mejora la tributación sobre el ahorro y se abre la puerta a la cuenta de previsión fiscal. En línea con la UE, se pide una redistribución del IVA -una subida sin variar los tipos- para aumentar las exportaciones, que se contrarrestaría con una bajada de cotizaciones para crear empleo. Esto último, salvo la ya aprobada tarifa plana, tampoco se va a aprobar. El Gobierno debe ser cuidadoso con las decisiones finales que tome y, ya que no baja impuestos, mantenga el juego fiscal de equilibrios que asegure la recuperación económica.
Más en Opinión
