El experimento de Moncloa con las bonificaciones es otra estrategia cortoplacista.
El pasado miércoles Rajoy anunció en el debate del Estado de la Nación una tarifa plana a la Seguridad Social, finalmente definida en tres tramos de 50 a 100 euros dependiendo de la jornada del empleado, que se podrá disfrutar durante dos años por aquellas empresas que contraten empleados fijos durante al menos tres años. En principio esta medida se aplicará para los contratos que se realicen entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre de este año, aunque cabe la posibilidad de que sea prorrogada en el futuro. Esta modificación, que de partida puede parecer contradictoria con otras recientemente tomadas por este gobierno que incentivan el empleo temporal y a tiempo parcial, busca ser un estímulo a la contratación indefinida, disminuida en los últimos años con relación a otras fórmulas de contratación más precarias. La rebaja de la cotización sólo afecta a la parte empresarial de las contingencias comunes, manteniéndose el resto de las cotizaciones, tanto de empresa como de empleado, inalteradas.
El impacto que esta rebaja temporal tenga sobre la creación de empleo indefinido no está claro y será difícil de verificar, ya que esta política de subvenciones no se aplica a aquellas empresas que hayan realizado despidos colectivos o individuales que hubieran sido declarados improcedentes en los seis meses anteriores a la celebración de los nuevos contratos, aunque finalmente se ha decidido que no se tengan en cuenta los despidos improcedentes anteriores al 25 de febrero de cara a hacer más accesible esta bonificación a todas las empresas. Con ello se trata de impedir el predecible efecto sustitución que se produciría al sustituir trabajadores de plantilla con mayor coste por los nuevos. Tampoco se bonifica la conversión directa de un trabajador temporal en uno fijo si no hay creación neta de empleo, aunque sí aplica a todas las modalidades de contratación indefinida, tanto a tiempo completo como parcial, siendo la cotización de 100 euros para jornada completa y de 75 ó 50 euros en el caso de jornadas a tiempo parcial.
Este nuevo experimento de Moncloa con las bonificaciones no deja de ser otra vez una estrategia cortoplacista para tratar de incentivar las contrataciones indefinidas tras las críticas recibidas por el fomento del trabajo más precario que se deriva de la reforma laboral y de las últimas medidas adoptadas en la legislación. Sin embargo, en el pasado, las bonificaciones han venido resultando costosas e ineficientes. Sólo como botón de muestra, de los 1.134.900 contratos indefinidos firmados el año pasado, apenas 75.000 se acogieron a la fórmula del bonificado contrato de emprendedores. Las diversas experiencias han venido demostrando que las bonificaciones temporales sobre cuotas no crean empleo de por sí, sino que transfieren las contrataciones previamente decididas por las empresas de unas modalidades a otras.
Tampoco hay una estimación clara del coste que supondrá esta medida para las arcas públicas, ya que dependerá en gran medida de la aplicación de la misma. Los cálculos estimados señalan un impacto que puede variar entre los 3.500 y los 4.000 millones de euros respecto al ejercicio anterior, lo que supone un agujero más para las cuentas de la Seguridad Social, ya muy deterioradas en los últimos años y que ha tenido que recurrir repetidamente al Fondo de Reserva para financiar las pensiones del sistema público, al igual que va a ocurrir a lo largo de 2014, donde se dispondrán de más de 11 mil millones. Es más, probablemente el Fondo de Reserva hubiese sido mucho mayor hoy en día de no haberse destinado gran parte de los superávits obtenidos durante la etapa de fuerte crecimiento económico de nuestra economía a diferentes fines ineficientes, tales como las bonificaciones. Además, esta nueva disposición no tendrá impacto sobre la cuantía de las prestaciones económicas, tanto desempleo como pensiones, a las que puedan tener derecho los trabajadores ya que éstas se calcularán aplicando el importe íntegro de la base de cotización de cada uno de ellos. Esto supone que la pensión que devenguen estos nuevos trabajadores indefinidos no tendrá una correlación, al menos durante dos años, entre cotizaciones realizadas y prestaciones recibidas, lo cual socavará algo más el principio de contributividad en el que se basa nuestro sistema público de pensiones. De nuevo, se derivan a futuro los problemas de financiación que surjan de estas medidas.
Los altos costes sociales que soportan las empresas son un lastre para la creación de empleo y esta disposición, novedosa por su aplicación general, busca estimular la contratación indefinida para evitar la deriva creciente de precarización del mercado laboral español. Sin embargo, hay que ser cuidadoso con este tipo de medidas cortoplacistas que afectan a la financiación de uno de los pilares básicos del sistema de bienestar, como es el sistema de pensiones de reparto. Quizá hubiera sido más oportuno revisar la estrategia a medio y largo plazo del modelo de financiación y prestaciones del sistema de la Seguridad Social para encarar los problemas de fondo que lastran nuestra competitividad en el mercado de trabajo y el diseño del sistema de pensiones.
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