El nuevo ajuste tendrá mayor impacto en los parques eólicos más antiguos y en las CCAA donde se instalaron.
La reforma energética no ha dejado a nadie indiferente. Las distintas fuentes de energía, las empresas del sector y los usuarios examinan estos días los efectos que puede tener en su cuenta de resultados y en sus recibos el nuevo recorte de 1.750 millones que prepara el Gobierno.
En los primeros análisis, los productores de energías que reciben primas por estar incluidas dentro de un régimen especial consideran que son los paganos del ajuste, sobre todo los que obtienen energía eólica. La reforma va a tener más repercusión en los proyectos pioneros, porque el nuevo sistema elimina las primas que reciben los parques construidos antes de 2004. Ello hace que la incidencia del ajuste sea mayor en una serie de CCAA, en su mayoría gobernadas por el PP, como Galicia, Navarra, País Vasco, Canarias, Aragón, Rioja y Castilla-La Mancha, que fueron las primeras en instalar parques eólicos. No carece de lógica que se deje de subvencionar instalaciones que en su mayoría deberían estar ya amortizadas. Pero aun así, muchos promotores de este tipo de energías ven peligrar su inversión si finalmente se ven obligados a refinanciar los proyectos con ajustes superiores al 20 por ciento. El entramado de subvenciones que todas las fuentes de energía reciben en diferente grado hacen el sistema más opaco y caro. Ello justifica la necesidad de eliminar primas, lo que implica el rechazo de los afectados. Industria debe perseverar en el esfuerzo, a pesar de las dificultades presupuestarias de abordar una auténtica liberalización del mercado.
Pero conseguir un entorno transparente y competitivo es la única alternativa para desterrar las ineficiencias y el déficit de tarifa que es el objetivo que se persigue.
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