
Si el verdadero objetivo del Gobierno, en relación a la nueva Ley de Emprendedores, fuera potenciar el emprendimiento y ayudar económicamente a los autónomos, extendería la tarifa plana de 50 euros a todo el colectivo y no únicamente, tal y como contempla la citada normativa, a los nuevos autónomos que se den de alta en el RETA a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley.
Igualmente, y debido a que nuestro país está famélico de reformas, el Gobierno debería aprovechar para reinventar la estructura del sistema de cotización a la Seguridad Social. De este modo, se podría atender una antigua demanda o exigencia de los autónomos, que es adaptar las cuotas o los pagos a la Seguridad Social en función del nivel de ingresos obtenidos o de la facturación de cada autónomo.
Recordemos al respecto que el Ministerio de Empleo extenderá finalmente la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos (que no cuenten con trabajadores a su cargo) a los mayores de 30 años en la tramitación de la Ley de apoyo al emprendedor. (Inicialmente, el Gobierno tenía previsto aplicar este derecho únicamente a los nuevos autónomos menores de 30 años).
Esta ley contempla para las nuevas altas en el RETA la fijación de una cuota de 50 euros durante los primeros seis meses de actividad y de 125 para el semestre siguiente. Transcurrido el primer año y durante los siguientes 18 meses, los hombres menores de 30 años y las mujeres menores de 35 disfrutarán de bonificaciones y reducciones en la cotización de un 30%.
¿Por qué esta ley discrimina claramente a los autónomos que están dados de alta en el RETA con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Emprendedores y aquellos que tengan trabajadores a su cargo? Dada la no retroactividad de la ley, estos perfiles de autónomos están excluidos de los beneficios que supone la tarifa plana de 50 euros.
Por tanto, es factible deducir que se trata de una medida puramente recaudatoria para mantener un corrupto sistema político que se desmorona y una macroadministración económicamente insostenible. La mitad, aproximadamente, de las empresas españolas fallecen antes de los primeros cinco años de vida, ¿ha tenido en cuenta este dato el Gobierno en su afán recaudatorio?
¿Se ha quedado obsoleto el régimen de cotización a la seguridad social, especial para los autónomos (RETA)? Este régimen, cuya regulación normativa data de 1970, no permite actualmente cotizar en virtud de la facturación o de los ingresos obtenidos por los autónomos sino que, por el contrario, la cotización se calcula según unas escalas mínimas y máximas que se han quedado desfasadas.
Este injusto método provoca situaciones económicamente contradictorias que, considerando el entorno de crisis actual, desembocan en el cierre de muchos negocios. Es el caso de muchos autónomos que, contando con unos exiguos ingresos o prácticamente sin ellos, tienen que pagar casi 300 euros al mes en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social.
¿Se ayuda realmente en España a los emprendedores o se les utiliza como conejillos de Indias para pagar impuestos? ¿Cómo apoyan a los emprendedores algunos países de nuestro entorno?
En Francia, el autónomo está exento de pagar a la Seguridad Social durante el primer año de vida del negocio o de la actividad empresarial. Además, existe un régimen especial adaptado únicamente a las pequeñas empresas francesas por el que se beneficia a las mismas ajustando a tal efecto una cotización super reducida. Y en Inglaterra, los autónomos solamente están obligados a cotizar en el caso que declaren unos ingresos mínimos, que se determinan legalmente con el objetivo de tratar de garantizar la viabilidad económica futura de los negocios, y en el caso que la facturación de los mismos se incremente, igualmente y de un modo proporcional, también aumentará progresivamente la cotización.
Los partidos políticos españoles recibirán durante el presente año 2013 alrededor de 52 millones de euros. Y para ello, el Gobierno debe exprimir fiscalmente a las pymes y a los autónomos. ¿Puede crecer España si la economía productiva está al servicio de la casta política?