El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, colocó ayer el broche al desfile ante la Audiencia Nacional de una cuarentena de exresponsables del grupo bancario y de relevantes autoridades. Sus declaraciones debían arrojar luz sobre la crisis en la entidad y dejan, sin embargo, cierto sabor a que sólo han seguido el guión previsto.
La gran incógnita a despejar era por qué un banco que reportó 309 millones de euros en beneficio en 2011, tuvo que reformular las cuentas y admitir 2.979 millones de pérdidas a escasos cinco meses de cerrar el ejercicio, precipitando una nacionalización que hasta disparó la prima de riesgo de España y hundió en el abismo la inversión de 350.000 accionistas, a los que Bankia había convencido para entrar en el capital con balances muy distintos menos de un año atrás.
Sin embargo, la batida de testificaciones -33 imputados y responsables, actuales y anteriores, del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- aclaran poco, salvo la confirmación de contradicciones, básicamente entre los antiguos primeros espadas de Bankia y el auditor. Y dos: la pérdida de control de la gestión de la crisis por parte del Banco de España cuando, al parecer, Economía impuso sus tesis y forzó la cadena de hechos, empezando por la salida de Rodrigo Rato de la presidencia.
Queda por conocer la versión del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, al que el exgobernador y exsubgobernador del organismo supervisor responsabilizan de la solución a la crisis y cuya versión llegará al tribunal antes de final de marzo por escrito -rehusó ir al tribunal -. Con lo trascendido, las grandes confrontaciones a clarificar por el juez giran en torno a la veracidad de las cuentas y la responsabilidad del fiasco de la salida a bolsa de Bankia por el daño causado a accionistas y preferentistas.
Toca aclarar el rol de Deloitte. El socio de la firma de auditoría, Francisco Celma, aseguró al juez que alertó a los gestores de Bankia ya en octubre de 2011 de la existencia de problemas con el crédito fiscal y la valoración de Bankia, que aconsejaban ralizar altas provisiones. Declaró que avisó al comité de auditoría el 26 de marzo de sus dudas sobre la viabilidad del banco y que rehusó rubricar las cuentas ante la ausencia de la firma de los miembros del consejo de administración, porque incurriría en delito.
Fuentes próximas a Rato dijeron a 'Efe' que el consejo las firmó el 28 de marzo y el auditor lo supo un día antes. Rato y su mano derecha, José Manuel Fernández Norniella, testificaron, en cambio, que las cuentas "eran la imagen fiel de la entidad" y que Deloitte, el auditor de cabecera el grupo -lo fue durante años de Caja Madrid, Bancaja e incluso colaboró en la salida a bolsa-, no les encontró ningún problema. Apuntaron su compromiso de estampar la firma con tiempo suficiente para convocar la junta y que los reparos mostrados por Deloitte parecían abordables. La inmensa mayoría de los exconsejeros alegaron desconocer advertencia alguna del auditor o admitieron saber de algún ajuste pendiente pero de alcance menor.
Pero lo más importante de las cuentas es saber si se 'maquillaron' para forzar una salida exitosa a bolsa. Los exgestores acusaron presiones del Gobierno del PSOE para sacar Bankia a cotizar por bien del país, en medio de una de las mayores tormentas bursátiles que se recuerda. Y responsabilizaron a los cambios regulatorios socialista y, sobre todo, el saneamiento del Ejecutivo del PP de forzar la máquina y debilitar al banco con los gigantescos requerimientos de provisiones sobrevenidos.
Es clave dilucidar en qué momento y por qué del quiebro y despejar responsabilidades -de gestión o en autoridades reguladoras o supervisoras- porque se ha diluido cual azucarillo el dinero de los accionistas -la cotización se ha hundido un 90 por ciento desde la salida a bolsa-, el de los miles de clientes que compraron deuda y se debe más de 20.000 millones en ayudas a Europa, sin menospreciar la sacudida de la crisis a la misma economía española.
Goirigolzarri declara
