Desde que Mariano Rajoy llegó al poder, España ha sufrido varias catástrofes. La primera es la crisis económica; la segunda, la ola de independentismo en Cataluña, y, ahora que la economía parece querer levantarse, resurgen los escándalos de corrupción.
Me figuro cuál puede ser el estado de ánimo de un ciudadano en paro, que no ve a su alrededor más que casos de enriquecimiento ilícito o de tráfico de influencias. Es un país para echar a correr.
Pese a que el PSOE está hundido en las encuestas, el PP va a necesitar mucha suerte para seguir gobernando. La cuenta en Suiza de 22 millones de Luis Bárcenas ha levantado un manto de sospechas sobre los miembros de esta formación política y pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de una ley de transparencia que, como un viento huracanado, barra todos los ámbitos de la Administración Pública.
Bárcenas fue, en opinión de quienes le conocían, el "jefe de la mafia creada en torno al PP durante los años del aznarismo". Al parecer, sí hubo sobres con dinero para sufragar gestiones, como anunciaba en portada un diario nacional, pero no para los trabajadores de Génova o sus dirigentes, que ayer salieron en tromba a desmentirlo. El dinero negro regó a militantes de toda España para agradecer los servicios prestados aprovechándose de sus cargos en la Administración. Se mire como se mire, eso es corrupción, afecte o no al resto de la cúpula del partido.
El PP hará bien, como ayer pidió Esperanza Aguirre, en llevar la investigación interna hasta el final. De momento, lo único claro es que Rajoy tomó lo determinación de cerrar la etapa Bárcenas con el apoyo de la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Pero hay un montón de preguntas sin responder. ¿Por qué Rajoy no lo destituyó en cuanto se conocieron las primeras noticias verosímiles y permitió que permaneciera en el cargo de tesorero otro año más? ¿Acaso amenazó con tirar de la manta? Ahora se puede comprobar cómo la alergia de Rajoy a tomar decisiones, que tantos efectos nocivos tuvo para la economía durante su primer año de Gobierno, también puede pasarle factura en el ámbito de la política.
La primera víctima, sin embargo, puede ser el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si se confirma que Bárcenas fue uno de los beneficiados por la amnistía fiscal. Es de dudosa legalidad que Hacienda haya salido a desmentir oficialmente que Bárcenas estuviera en la lista de los amnistiados, pero aún es más imperdonable que esté detrás de una de las sociedades beneficiadas por este proceso sin que en Hacienda se hayan percatado de ello.
Claro que la alegría va por barrios. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría puntualizó ayer que el caso Bárcenas afecta al partido, no al Gobierno. Sáenz de Santamaría admitió, no obstante, que analizará con el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, el caso Glaxo, destapado esta semana por elEconomista. La suerte de este laboratorio británico, de nombre casi impronunciable -GlaxoSmithKline-, cambió de forma muy positiva desde que Isabel Barreiro, esposa en segundas nupcias del ministro de Exteriores, fue contratada en septiembre de 2010 como directora de Asuntos Sanitarios para la Comunidad de Madrid.
La consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que Barreiro había dejado sólo unos meses atrás tras ejercer como jefa de Gabinete bajo las órdenes de Juan José Güemes, adjudicó a Glaxo un contrato por 4,6 millones para el suministro de la vacuna del virus del papiloma humano. El laboratorio británico desbancó a la firma francesa Sanofi, ganadora del concurso durante los últimos años, al tenerse sólo en cuenta el criterio del precio. La facturación de Glaxo con la Administración creció exponencialmente desde entonces.
Barreiro es una persona con muy buenas relaciones en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno, donde tuvo puestos de relevancia, como el de directora general de Pymes, que ejerció con gran eficiencia bajo la vicepresidencia de Rodrigo Rato. Es evidente que la denominada puerta giratoria que usan los políticos para transformarse por arte de magia en directivos cuando dejan sus cargos ha funcionado muy bien una vez más.
Esta semana hemos visto como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pasaba al sector privado. Aguirre tuvo especial cuidado en elegir su destino para no caer en incompatibilidad. Un esmero que descuidó en su día Barreiro, pese a que tuvo ofertas de otros sectores y a que no tenía dos años de incompatibilidad.
La vicepresidenta hace muy bien en analizar el caso con lupa, porque, si legalmente es correcto, es difícil de presentar éticamente. En esta ocasión, el afectado no es el partido, sino un miembro del núcleo íntimo del presidente, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, gran amigo de Rajoy y el encargado de vender la marca España por el resto del mundo. Y lo peor: ¿qué argumentos utilizará a partir de ahora?
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