A finales de marzo, el Gobierno español presentó por fin su ansiado presupuesto para 2012. Con el objeto de reducir el déficit presupuestario desde el elevadísimo e impredecible 8,5% de 2011 al 5,3% en 2012, anunció un ahorro equivalente a 27.000 millones de euros (aproximadamente el 2,5% del PIB), de los cuales 15.000 millones corresponden a recortes en los gastos y 12.000 millones a unos ingresos fiscales extraordinarios.
Las medidas de austeridad incluyen una reducción del gasto del gobierno central del 16,9%, pero los detalles concretos siguen siendo escasos.
En lo que respecta a los ingresos, el Gobierno prevé aumentar el tipo impositivo de Sociedades, eliminar gradualmente las exenciones fiscales, incrementar los impuestos del tabaco, aumentar la factura de la electricidad (en un 7%) y establecer una amnistía fiscal que espera que aporte unos ingresos adicionales de 2.500 millones. Aparte del ahorro del Estado, las autonomías deberán reducir su déficit fiscal en 15.000 millones.
Las dudas persisten
A pesar de que el presupuesto de Rajoy aplica los recortes más severos de la era posfranquista, no ha conseguido calmar las inquietudes de los inversores sobre la sostenibilidad de la deuda española. Tras la descorazonadora subasta del pasado 4 de abril, la rentabilidad de los bonos del Estado alcanzó su nivel máximo desde principios de enero. Los mercados mantienen su preocupación por cuatro riesgos clave:
1. Riesgo de implantación:
La pérdida de apoyo a la administración que se reflejó en las elecciones autonómicas celebradas a finales de marzo y el aumento del descontento social, no hacen más que aumentar las dudas sobre la capacidad del Gobierno de implantar la totalidad de las reformas estructurales anunciadas, sobre todo en el mercado laboral y en lo que concierne a la austeridad.
2. La creciente recesión:
La actividad económica se está contrayendo a un ritmo acelerado. Con la economía en fase de recesión y la tendencia al alza de la tasa de paro, el anuncio de unas medidas de austeridad agresivas ha aumentado aún más la preocupación por las débiles perspectivas de crecimiento de España. Hasta el momento, el Gobierno no ha ajustado su previsión oficial de crecimiento para el 2012 del -1,7 por ciento (RGE: -2,1 por ciento) pese al anuncio de unas medidas de austeridad adicionales.
Dado su efecto contrario sobre el crecimiento económico, posiblemente la recesión será más profunda de lo esperado, lo que a su vez minará los esfuerzos del saneamiento presupuestario.
3. Desfase fiscal autonómico:
El saneamiento presupuestario autonómico es problemático ya que obliga en gran medida a realizar unos dolorosos recortes, especialmente en una época de recesión, en áreas tan delicadas como la sanidad y la educación. Lo más preocupante es que el Gobierno no ha presentado un nuevo mecanismo para aumentar su control sobre el gasto de los gobiernos autonómicos, de ahí la probabilidad de que el desfase fiscal sea elevado, independientemente de que la administración central cumpla el plan de saneamiento.
4. El compromiso del Gobierno con el saneamiento presupuestario:
La renegociación del objetivo de déficit con la Comisión Europea hizo que los mercados se cuestionaran el compromiso del Gobierno con la agenda de saneamiento presupuestario. Además, la última presentación del presupuesto de austeridad, que fue aplazada hasta después de las elecciones autonómicas celebradas a finales de marzo, deja solamente siete meses al Ejecutivo para alcanzar su objetivo para 2012. Se ha perdido un tiempo valioso para consolidar el ahorro presupuestario necesario para el cumplimiento del nuevo objetivo, sobre todo teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de los recortes del gasto todavía están pendientes de la aprobación por parte del Parlamento a principios de mayo, aunque las subidas fiscales entrarán en vigor de inmediato.
Por consiguiente, a pesar del anuncio de un presupuesto de austeridad agresivo, esperamos que España siga siendo el centro de atención de los inversores en los próximos meses teniendo en cuenta el amplio espacio para las sorpresas negativas.
PIMCO: Dudamos de que España cumpla
