Parte de los inspectores de Hacienda y muchos asesores fiscales acusan a la vicepresidenta Salgado de amnistiar la evasión fiscal de los operadores de juego online en el último lustro. Los mismos que no esconden su enfado ante las últimas medidas para elevar la recaudación antes de cerrar el ejercicio. Y es que el Gobierno necesita con urgencia reducir el déficit para demostrar que ha hecho sus deberes y ha cumplido los compromisos con la UE.
Para ello, se ha movilizado a buena parte de los equipos que investigaban el afloramiento de plusvalías inmobiliarias durante los años de la bonanza para dedicarlos a la persecución del empleo sumergido. Sin embargo, con la tramitación del proyecto de Ley del Juego, se están poniendo de manifiesto las prisas por correr un tupido velo sobre lo no tributado.
Aunque el Ministerio de Economía y Hacienda tiene la oportunidad, única, de obligar a regularizar la situación fiscal de las operadoras de juego online como condición para otorgarles una licencia para operar a partir de ahora, nada se dice en el proyecto y se han rechazado las enmiendas presentadas al respecto.
La venta de un 30 por ciento de la sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la necesidad de que estas empresas empiecen a tributar tan pronto como entre en vigor la nueva Ley son buenas razones para que el Gobierno no quiera líos con los operadores de juego online. Las inspecciones en paraísos fiscales son complicadas y hay que dedicarles personal y tiempo, algo de lo que Salgado no dispone si quiere quedar bien con Bruselas en diciembre.
