El llamado Plan Extraordinario de Infraestructuras, elaborado por el Ministerio de Fomento y presentado por el presidente del Gobierno como gran novedad, es bastante poca cosa cuando se lo analiza con un poco de detalle.
De entrada, lo que se presentó:
-Ni es un plan, puesto que no se identifican las infraestructuras a que se refiere.
-Ni es extraordinario , puesto que se anuncia que se licitarán obras "que estén en avanzado estado de tramitación", es decir, obras ya previstas en la planificación ordinaria y cuyo retraso de ejecución por parte de Fomento es ya un problema serio. No estamos, en consecuencia, ante un nuevo plan de infraestructuras, sino ante el mero anuncio de licitación en 2010 y 2011 de algunas de las infraestructuras ya planificadas y que se encuentran muy retrasadas en su ejecución por los problemas económicos y de gestión del propio Ministerio de Fomento.
Por otra parte, la cuantía del presunto plan extraordinario tampoco tiene nada de extraordinario: es una cuantía ligeramente superior -17.000 millones de euros- al presupuesto ordinario de inversiones del Ministerio de Fomento en un año normal de la época en que yo era secretario de Estado de Infraestructuras con Álvarez-Cascos de ministro.
Las licitaciones de este volumen de obra se anuncian para dos ejercicios y su ejecución durará entre dos y cuatro años, según el tipo de obras que se incluyan, y se pagarán en cómodos plazos. Ello entraña un grave engaño: anunciar en 2010 obras con cargo a los Presupuestos de las legislaturas siguientes. O, lo que es lo mismo, el Gobierno de Zapatero quiere comprometer el presupuesto del Gobierno que salga de las próximas elecciones a fin de recuperar algo del sensible retraso que el Gobierno actual acumula en la ejecución de la planificación vigente en materia de infraestructuras.
Incompetentecia
El origen de estos problemas hay que buscarlo en el PEIT de Magdalena Álvarez, que retrasó las previsiones de construcción de infraestructuras que estaban cumpliéndose bajo la dirección de su predecesor Álvarez Cascos. Y las gestiones de la propia ministra Álvarez y de su sucesor Blanco no han sido capaces siquiera de cumplir la ya relajada planificación del PEIT. Ahora, con este PEI -suponiendo que se cumplan sus previsiones-, lo más que se puede conseguir es recuperar algo del retraso ya acumulado desde 2004, y maniatar presupuestariamente a los futuros Gobiernos.
Veamos ahora el aspecto jurídico-financiero. También en este respecto el carácter presuntamente extraordinario del PEI se muestra inconsistente ante una mirada atenta. En efecto, el esquema financiero del Plan presentado ayer no responde a un verdadero modelo concesional según el cual se busca la financiación privada de infraestructuras públicas transfiriendo los riesgos de la explotación al inversor privado; sino que es una mezcla del viejo modelo alemán y del peaje en sombra ya experimentados por los primeros gobiernos del PP para garantizar la continuidad de las inversiones, a la vez que se controlaba el gasto público para reducir el endeudamiento y lograr la plena incorporación en la primera división de la Europa de la moneda única. En aquel contexto, el modelo alemán fue un instrumento más de la política de contención del déficit público y el endeudamiento del Estado que logró en breve plazo el equilibrio de las cuentas públicas.
Plan de... ¿imagen?
Es decir, en aquella época -la de los gobiernos de Aznar- la política de infraestructuras fue un componente coherente de una política económica de Estado al servicio de un proyecto nacional de integración en la Europa de la moneda única.
Hoy, el modelo financiero del publicitado PEI es un pegote para diferir en el tiempo el pago de determinadas deudas presupuestarias transfiriendo hacia el futuro el déficit generado por la inversión en infraestructuras sin transferencia de riesgos reales al inversor privado al que se garantiza la recuperación de la inversión, el coste de los recursos ajenos y los gastos de conservación y mantenimiento, excluyendo todo riesgo vinculado al uso real que se haga por los usuarios de la infraestructura construida. Esta ausencia de verdadera transferencia de riesgos al concesionario, el PEI la describe eufemísticamente diciendo que "se ha optado por el riesgo de disponibilidad y no por el de demanda". Estamos pues ante un mero retraso en el tiempo del cumplimiento de las obligaciones de pagos estrictamente presupuestarios, no ante un verdadero modelo de colaboración público-privada en materia de obras públicas.
Este mal llamado Plan puede dar la apariencia de extraordinario , si se admite como ordinario el escenario actual de parálisis de la licitación de obras de infraestructuras. Sus efectos, más allá de la imagen y la propaganda, es que se licitarán algunas obras, las empresas constructoras tendrán algo de trabajo y se reducirá algo el ya preocupante retraso de la planificación de Fomento.
Pero realmente es pequeño, poco ambicioso, carente de modelo, ajeno a una política nacional de contención del déficit público y poco solidario con las próximas generaciones a las que se transfieren las deudas que el Gobierno actual no sabe cómo pagar.
Benigno Blanco, ex secretario de Estado de Infraestructuras y presidente del Foro Español por la Familia.