El máximo organismo regulador del mercado nacional se ha propuesto dotar de una mayor transparencia a las relaciones que se establecen entre las firmas cotizadas y sus accionistas. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, reconoció que la institución que capitanea está centrada en la Directiva de mayo de 2017/828 sobre los derechos del accionista que entrará en vigor antes del próximo verano en la Unión Europea. Lo hizo durante su discurso pronunciado ayer en la entrega de los Premios de Inversión a fondo en su IV Edición, organizado por elEconomista, en la Torre de Cristal de Madrid.
"Esta directiva pretende hacer transparente el accionariado para las sociedades cotizadas y, de modo muy radical, obliga a que todos los estados establezcan este derecho a solicitar información a todos los eslabones de la cadena de intermediarios para obtener el dato de su identidad", apuntó el presidente de la CNMV.
"Y en este punto va a haber que decidir si ese derecho se establece sin restricciones con respecto a la identidad de cualquier accionista o, si como permite la directiva, se limita a los accionistas que sean titulares de un mínimo del 0,5% del capital de las sociedades cotizadas -a partir del cual están obligadas a declarar su participación ante el regulador-. Nosotros internamente nos hemos pronunciado a favor de que no esté sujeto a restricciones", afirmó Albella posicionándose, por lo tanto, del lado de quienes sostienen que las compañías cotizadas puedan poner nombre y apellidos hasta el último de sus accionistas minoritarios.
En la actualidad, como reconoció Albella, las firmas tan sólo tienen "el derecho de ver quién tiene registrados valores en Iberclear -depositario oficial de valores en España-", aunque "todos sepamos que las acciones se mantienen a nivel mundial a través de intermediarios".
La directiva, que fue aprobada por la Unión Europea en mayo del año pasado, viene a modificar y mejorar la anterior normativa del año 2007. Su aprobación, pendiente hoy de cada estado miembro, tiene fijada una fecha límite el próximo 10 de junio de 2019. "Cuando la cadena de intermediarios conste de más de uno de ellos (...) los estados miembros garantizarán que la sociedad pueda obtener información sobre la identidad del accionista de cualquier intermediario de la cadena que posea la información", versa el texto elaborado por la Comisión Europea el año pasado.
Pero la nueva directiva va más allá. Tal y como destacó el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el nuevo texto "obligará" a "los intermediarios" a que "confirmen el ejercicio del voto realizado por parte de los accionistas" a las compañías. Además, la directiva insta a los grandes inversores institucionales "a hacer pública la política de implicación en las sociedades en las que participan", esto es, los accionistas mayoritarios de las compañías deben desvelar el sentido de su voto; y a los denominados proxy advisors -entidades que prestan servicios a grandes inversores usualmente- a que "sean transparentes, su política de conflictos de interés, y que expliquen año a año en qué medida han aplicado esa metodología y cómo han recomendado votar", apuntó Sebastián Albella.
Respecto a las posibles operaciones vinculadas -aquellas en los que hay accionistas comunes o tienen algún tipo de relación- la nueva directiva contempla que "los estados miembros establezcan un umbral determinado de valor a efecto de que haya que hacer una información relevante específica sobre cada una de ellas" con el objetivo último en cada caso de que el accionista minoritario -habitualmente, al margen- esté informado.
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