¿Puede un banco vender productos de inversión sin informar a su cliente sobre sus riesgos, el método de cálculo de su rentabilidad o, siquiera, identificar la emisión en la que se invierte? Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sí. Eso se desprende de su respuesta a la reclamación de un ahorrador que compró productos de Lehman Brothers a finales de 2006, y que presentó una queja por falta de información en junio de 2007.
El regulador asegura que "la entrega de documentación no es obligatoria, salvo expresa petición del cliente", y que incluso en el caso de que se entregara, "no se podría entrar a valorar el grado de comprensión del contenido".
Según el real decreto 629/1993, en vigor en el momento de la transacción, las entidades tienen la obligación de "suministrar a sus clientes la información de que dispongan en cuanto pueda ser relevante para la adopción de decisiones de inversión". Otro de los puntos del código de conducta que fija el decreto establece que "la información debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entragada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación". Según él, es la CNMV la encargada de velar por estos principios.
Reclamación
El reclamante, un ahorrador que acudió a su oficina habitual de Bankinter en busca de asesoramiento sobre renta fija internacional, acabó invirtiendo en participaciones preferentes de Lehman Brothers, con un cupón del 7,25% hasta 2010, pero cuyo rendimiento a partir de ese año se calculaba de acuerdo con una fórmula basada en los tipos de interés de la deuda pública. Es decir: se trataba de un producto estructurado, con una rentabilidad variable durante 25 de sus años de vida, aunque según su reclamación nunca fue informado de este aspecto.
En su hoja de alegaciones, Bankinter aseguró que había proporcinado la documentación pertinente al inversor antes de que se cerrase la operación. Sin embargo, y aunque se comprometió a aportar dicha documentación al regulador, nunca llegó a hacerlo.
La CNMV, por tanto, admite en su resolución que no puede probarse que dicha información fuera entregada al cliente... pero ni siquiera así da la razón al inversor. Según el regulador, el banco sólo tiene la obligación de facilitarla en caso de que el cliente la solicite, y dado que esa solicitud en cualquier caso se realizaría de manera verbal, no encuentra la manera de darla por comprobada. Basándose en esto, dictamina que no puede determinarse actuación irregular por parte de Bankinter. Esta opinión choca con la del Servicio de Reclamaciones del Banco de España en su informe del primer trimestre.
Incluso, el folleto registrado en la CNMV de una emisión de participaciones preferentes indica en su primer párrafo que "cualquier decisión de inversión en valores preferentes debe estar basada en la consideración de este folleto como un todo, incluidos los documentos a los que se hace referencia". Ni el folleto ni los documentos fueron entregados al inversor.
No es la única incoherencia que los abogados del cliente encuentran en la resolución de la CNMV. La ley del mercado de valores, tras su modificación en 2003, establece que las órdenes de compra "deberán ser claras y precisas en su alcance y sentido, de forma que tanto el ordenante como el receptor conozcan con exactitud sus efectos". Un argumento que la propia CNMV repite en su resolución, al afirmar que "la única función" del documento es "poner de manifiesto de manera inequívoca el deseo del cliente de adquirir un determinado valor".
Inversión no identificada
El problema, según sus abogados, es que de acuerdo con esa orden de compra es imposible determinar el objeto de inversión. Las emisiones de valores y deuda suelen identificarse con un código -Isin, por sus siglas en inglés, que se traduce por sistema internacional de numeración e identificación de títulos financieros-, que en este caso no aparece en el impreso. La única identificación que se hace del producto es "participaciones preferentes de Lehman Brothers". El banco estadounidense realizaba decenas de este tipo de emisiones al año.