Cuando a principios del mes de agosto el Ministerio de Economía publicó el esperado borrador para transponer en España la Directiva Europea Mifid II, la sorpresa en el sector financiero fue mayúscula al ver cómo el Ministerio presidido por Luis de Guindos negaba a la banca la posibilidad de incluir un cuarto supuesto que permitiera que los distribuidores siguieran cobrando retros (comisiones que las gestoras retroceden a los comercializadores) sin tener que ofrecer para ello productos de terceros.
"Alemania ha incluido un cuarto supuesto e Italia y Francia también parece que lo van a añadir. No entendemos por qué en España no solo no se ha aceptado sino que, además, se establece una lista cerrada", afirma Alfredo Oñoro, jefe de cumplimiento normativo de CECA.
Y es que la no aceptación del cuarto supuesto que promulgaba la banca en colaboración con Inverco y el hecho de que la lista sea cerrada (solo se permitirán incentivos en el asesoramiento dependiente y en los comercializadores que ofrezcan productos de terceros ya que estarán prohibidos en los asesores independientes) convierte a España en el país de la eurozona, con permiso de Holanda donde han prohibido en todos los casos las retros, en el que más se restringirá el cobro de retrocesiones.
"En Italia y Francia se ha pedido algo muy parecido a España, una especie de servicio pre venta y post venta, y sí parece que se va a incluir. Por eso, como lobby bancario lo que pedimos es al menos una lista abierta que es algo que permite la Directiva y que sea la CNMV la que determine a quién sanciona si ve que acaba convirtiéndose en un coladero", pide Oñoro, quien reconoce que las esperanzas son más bien pocas con respecto a la idea de que Economía rectifique en su férrea posición pese al fuerte impacto en las cuentas resultados que esto supone para los bancos, que comercializan el 80% de los fondos de inversión, ya que se calcula que las retrocesiones aportan anualmente cerca de 1.000 millones de euros a sus beneficios.
Para saber si Economía recula o no habrá que esperar como poco hasta el mes de diciembre ya que no espera que entre en el Parlamento hasta esta fecha y una vez allí, desde CECA calculan que puede tardar entre dos y tres meses antes de que se apruebe la nueva Ley del Mercado de Valores en la Cámara. "Las entidades tendrán muy poco tiempo para implementar los cambios una vez conozcamos el texto definitivo y por eso hemos pedido un régimen transitorio de seis meses", apunta Oñoro. Si se accede a esta petición esto supondría que muchos de los cambios de modelo que implica Mifid II podrían retrasarse hasta bien entrado el verano.
62 por ciento
Según los datos que se desprenden de la CNMV, la industria de fondos española retrocedió a las redes de distribución 740 millones de euros de los 1.190 millones que cobró en comisiones de gestión en el primer semestre del año. La cifra supone el 62% del total y, aunque sigue siendo alta, es inferior al 63% que retrocedían en el mismo periodo de 2016, aunque algunas gestoras aún ceden más del 80% de sus ingresos.
