Banco Popular protagoniza su particular Fuenteovejuna porque si son los inversores quienes aprueban su propia dilución por tercera vez en cinco años, la culpa será de nadie, o, al menos, no de sus responsables. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna ¡señor! Y ¿quién es Fuenteovejuna? ¡Todos a una!
Cinco días después de que Emilio Saracho asumiera la presidencia del banco -en sustitución de Ángel Ron- el futuro de una inminente ampliación de capital que está en el horizonte está en duda. Para que dicha ampliación vea la luz debe pasar primero sí o sí por la Junta de Accionistas, con lo que el banco estaría claramente cubriéndose las espaldas.
Sólo los inversores pueden aprobar el proyecto o bien renovar la potestad del Consejo para lanzar esta operación, tal y como sucedió en la ampliación de junio del año pasado (por valor de 2.500 millones de euros). En caso de producirse, se trataría de una decisión que se retrasaría hasta el mes de mayo, cuando previsiblemente se celebrará la Junta, rompiendo con la tradición de los últimos años de convocarla en abril.
Uno de los máximos responsables financieros de la banca española reconoce que esta operación podría generar "un aluvión de demandas por parte de los inversores" contra el Popular, básicamente porque "esto supondría que en la ampliación que aprobó en junio no dijo toda la verdad sobre sus necesidades financieras".
No ha transcurrido ni un año desde que acudiera a pedir capital y el mercado estima que Popular podría necesitar entre 2.500 millones y 4.000 millones de euros, aunque fuentes del sector aseguran que "es imposible calcular la cantidad exacta", básicamente porque tiene un problema con nombre propio: activos no productivos por valor de casi 36.000 millones de euros que debe, primero, provisionar, y, segundo, intentar dar salida cuanto antes por las exigencias regulatorias que están por venir. "Hoy", insiste otro analista del sector, "cumple con los ratios. El problema vendrá en el año 2018, con lo que tiene tiempo para aguantar".
En el caso anterior (sin contar la ampliación para dar entrada a la familia Del Valle) Popular esperó tres años y medio, desde octubre de 2012 a marzo de 2016 para solicitar una nueva ampliación. Ahora Saracho deberá decidir en menos de tres meses (la Junta se convoca con un mes de antelación) si recurre a esta vía, aunque fuentes financieras reconocen que sólo lo hará en el caso de que la cuantía que se solicite sea suficiente y, sobre todo, definitiva para salvar su futuro, no sin antes intentar todas las vías posibles. Y, principalmente, son dos: vender parte del negocio que tiene en EEUU y menguar rápidamente su cartera de inmuebles. Todo, por evitar diluir más aún al accionista que ya se ha comido en sólo cinco años ampliaciones por valor de 5.450 millones (una primera en noviembre de 2012 de 2.500 millones, otra de 450 millones, cerrada al minorista, y la última de junio).
El mercado ha puesto fin a la breve tregua que había concedido a la nueva dirección. Popular cotiza en 0,8 euros, a un 4% del mínimo histórico. Detrás están los bajistas, con cerca del 12% del capital, esperando para poder atacar al comendador.
