Europa podría haber zanjado ayer por decreto la tormenta especuladora que tiene al borde de la quiebra a sus países periféricos: Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia.
Si no fuera porque en Bruselas, igual que en todas partes, las cosas de palacio van despacio, y no entrará en vigor hasta noviembre de 2012 el principio de acuerdo recién alcanzado para atar en corto las ventas a corto plazo y a descubierto de los derivados financieros que se usan para especular con la deuda pública en la zona euro.
Los negociadores del Parlamento Europeo y los representantes de los Gobiernos de los 27 países que forman la UE alcanzaron el martes por la noche un principio de acuerdo para prohibir una situación tan sospechosa como que un inversor que no tiene deuda pública y ni siquiera la ha tomado prestada de -por ejemplo- España, pueda comprar un credit default swap o CDS que le asegure contra el riesgo de que el Estado español incurra en un impago.
Si tal inversor no tiene nada que perder ante una bancarrota española, porque no tiene bonos del país, pero sí tiene mucho que ganar porque una bancarrota le haría embolsarse la indemnización del seguro, es posible que se sienta tentado de propiciar en los mercados una tendencia contraria a los intereses españoles, como la desencadenada desde la primavera de 2010. Nadie desea su propia muerte por mucho que haya suscrito un seguro de vida, pero si lo suscribe sobre la del vecino sí puede caer en la tentación de agilizar su tránsito al otro mundo.
El principio de acuerdo sobre el reglamento que introducirá tal prohibición en el ámbito europeo -en la actualidad cada regulador nacional hace la guerra por su cuenta, como el Ejército de Pancho Villa- debe aún ser adoptado por el pleno que el Parlamento Europeo celebrará del 24 al 27 de octubre. Será publicado en el Diario Oficial de la UE antes de enero de 2012, y entrará en vigor en noviembre de 2012. Para posibilitar su puesta en marcha, en esa fecha deben estar listos diferentes estándares técnicos y de aplicación que desarrollarán la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Mercados de Valores (Esma, según sus siglas en inglés).
Reino Unido ha maniobrado a lo largo de toda la reunión para diluir las restricciones contra los CDS y las ventas a corto y a descubierto de los mismos. Y para descafeinar las exigencias para aumentar la transparencia de este mercado tan opaco, reforzar y coordinar su supervisión, y obligarlo a transitar por cámaras de liquidación y compensación. Nada sorprendente, visto que el grueso de estas transacciones se realiza en Londres, generando pingües beneficios en la City y sus inmediaciones.
Más sorprendente ha sido que Italia y España hayan militado entre los reticentes a prohibir estas prácticas. Su justificación es que pueden secar aún más la liquidez sobre sus respectivos mercados nacionales de deuda pública. Por ello han logrado que tal prohibición quede en suspenso si el nivel de liquidez del mercado desciende peligrosamente.
Por otra parte, la Comisión Europea reanudó ayer su empeño por desenterrar una idea acuñada hace dos décadas por el galo Jacques Delors: emitir mini eurobonos para ayudar a financiar redes europeas de infraestructuras de transportes, energía y telecos.