El Grupo socialista en el Congreso ha logrado que no se retrase hasta después de Semana Santa, como pretendían y le han pedido esta mañana todos los grupos de la oposición, la votación sobre la enmienda que pretende introducir en la Ley de Sociedades Anónimas para eliminar las limitaciones del derecho de voto en las grandes empresas cotizadas, el llamado blindaje.
De este modo, el próximo día 24 de marzo, como estaba inicialmente previsto, se debatirá y votará en la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso la reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas, en la que está incluida la introducción de la polémica medida.
El PSOE ya ha puesto de manifiesto que ofrecerá acuerdos puntuales al resto de grupos, pero que no retirará ni modificará la enmienda para eliminar los blindajes.
Después de que ayer por la tarde fuentes de toda solvencia confirmaran que se había alcanzado un acuerdo para retrasar "hasta después de Semana Santa" la Comisión de Economía que iba a tratar la que algunos denominan la "enmienda del ladrillo", finalmente, el PSOE ha cambiado de postura. El portavoz económico de PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, ha denunciado tras salir de la Ponencia que se trata de "una actitud caciquil de Moncloa", que "al parecer ha impuesto al Grupo Socialista el mantenimiento de la Comisión el día 24".
Finalmente, la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy con los votos del PSOE que el debate de la reforma de la Ley se mantenga el 24 de marzo.
Tanto el PP como CiU, PNV, ERC-IU-ICV y el Grupo Mixto habían alcanzado un acuerdo para solicitar este aplazamiento, pero los socialistas lo rechazaron y forzaron una votación de la Mesa de la Comisión, en la que tienen mayoría, con lo que la petición finalmente no prosperó.
Blindaje para sectores estratégicos
Hasta ahora, las empresas podían limitar estatutariamente los derechos de voto de sus accionistas, sin tener en cuenta el porcentaje que poseyeran de la compañía. El objetivo era intentar evitar la toma de control de inversores extranjeros en empresas españolas de sectores estratégicos.
La eventual modificación de los blindajes afectaría a grandes empresas españolas entre las que figuran Telefónica, Banco Popular y las energéticas Iberdrola y Repsol, así como los principales accionistas de estas dos últimas: las constructoras ACS y Sacyr Vallehermoso, respectivamente.
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