Los expertos aseguran que el sistema de organización territorial de la Constitución Española "es susceptible de mejora, sin perjuicio de la vigencia de sus principios generales". Los especialistas sostienen que se debe conseguir "un mejor equilibrio entre los principios de unidad y autonomía, y a la vez conseguir que sea más eficiente y austero en términos de gobernanza de lo público".
Así lo concluyen los expertos del grupo de trabajo de la Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide). En el documento que han presentado han participado más de 20 especialistas coordinados por Mariano Bacigalupo, profesor titular de Universidad en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED y el abogado Juan Martínez Calvo, socio de Deloitte Legal. Los juristas destacan la ayuda de Ignacio Borrajo Iniesta, catedrático de Derecho de la Universidad Pública de Navarra.
El documento apuesta por fijar en la Constitución las bases del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. "El Estado debe asegurar una financiación común de la prestación de los servicios públicos fundamentales compatible con un segundo nivel de gasto en el que se garantice la plena autonomía financiera de las Comunidades Autónomas", indica.
En este sentido, entiende que los fondos destinados a corregir los desequilibrios económicos deben abarcar a todas las Comunidades Autónomas y ser gestionados de forma más transparente y objetiva, principios que deben aplicarse también al sistema de fijación de los Cupos vasco y navarro. "La Constitución debe evitar que las Comunidades Autónomas que aporten recursos en términos netos al sistema terminen con menos capacidad financiera por habitante que las Comunidades receptoras", añaden los expertos de Fide.
Por otra parte, el informe apuesta por una reforma del papel del Senado. "Debe ser una institución que realice verdaderamente funciones de integración territorial, modificando íntegramente su estructura y funcionamiento", apunta. A su juicio, los expertos proponen el modelo del Consejo de la Unión Europea o el Bundesrat alemán, de tal manera que el Senado se formaría con delegados de los Gobiernos Autonómicos que actuarían con ponderación de votos. "Sus funciones deberían reforzarse, específicamente en materias en las que la ejecución corresponde a las Comunidades Autónomas", añaden los especialistas.
En paralelo, sostienen que el Congreso de los Diputados debe garantizarse que sea una Cámara de representación de los intereses generales, lo que exigiría la reforma del sistema electoral en términos que merecen una reflexión más detallada en un momento posterior.
"La Constitución debería permitir que la planta provincial se adecúe a la existencia de las Comunidades Autónomas, lo que debe llevar a flexibilizar la condición de la provincia como demarcación obligatoria en todas las Comunidades Autónomas, circunscripción electoral obligada y demarcación de la actividad estatal", concluyen.