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El 87% de los españoles cree que ha crecido el fraude fiscal

  • El 74% antepone las retenciones y la Inspección a la conciencia para pagar
Foto: Archivo

El Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda ha publicado el informe Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2016 en el que se observa un predominio de quienes piensan que el cumplimiento fiscal no ha mejorado en la última década, continuando la tendencia negativa que se inicia en 2008, donde el 74 por ciento de los ciudadanos considera que el pago de impuestos ha empeorado. Del 26 por ciento de los ciudadanos que perciben una evolución positiva, lo atribuyen a tres factores de importancia desigual tales como las retenciones salariales, la Inspección de Hacienda o la conciencia cívica ciudadana.

En cuanto al fraude fiscal, y como contrapartida a lo dicho más arriba respecto al cumplimiento fiscal, entre los ciudadanos entrevistados en 2016 continúa predominando la percepción relativa a un aumento del fraude fiscal en la última década. Así, casi un 86 por ciento cree que el fraude ha aumentado, frente a un escaso 14 por ciento que cree que ha disminuido. Al observar la evolución histórica de estas opiniones, la percepción de la evolución positiva del cumplimiento fiscal que se observaba a lo largo de la serie parece que sufre en 2016, una leve mejoría después. También, se distribuyen por tamaño de la población, sexo y grupo de edad.

Causas de fraude y colectivos

También en el año 2016 ocurre lo que en oleadas anteriores también se daba respecto a la corrección en el comportamiento tributario de determinados colectivos.

Este año la opinión pública continúa manifestando su convencimiento de los colectivos que más defraudan a la Hacienda Pública son los empresarios, seguido por el de los profesionales liberales, los trabajadores autónomos y los rentistas, mientras que el colectivo de los asalariados y los agricultores son aquellos, que creen los encuestados, mantienen la conducta fiscal más honesta.

Se aprecia que el 87 por ciento de la población encuestada en 2016 sostienen la percepción de aumento de la conducta defraudadora, frente al 13 por ciento que percibe que el fraude fiscal ha disminuido en la última década. También hay que señalar que la percepción negativa es común a todos los colectivos; si bien, atendiendo a la clasificación de los sectores de actividad, destacan los grupos de asalariados, profesionales e inactivos, ya que más de un 80 por ciento de los mismos respectivamente cree que el fraude fiscal ha aumentado algo o bastante. Las principales causas del fraude fiscal mencionadas en 2016 es, primero, la impunidad de los defraudadores. Le siguen la falta de honradez y falta de conciencia cívica, la ineficacia en la lucha contra el fraude y la presión fiscal excesiva. De este modo, los datos sugieren una pauta perceptiva popular que considera el fraude fiscal como un fenómeno multicausal.

En cuanto a la valoración de servicios de la AEAT, dentro de los que no se abstienen de opinar predomina una valoración positiva de la capacidad que tienen tales servicios para resolver problemas de los contribuyentes. Así lo ponen de manifiesto alrededor del 81 por ciento equivalente a una valoración de 2,9 (por encima del valor medio habitual de 2,5), valoración bastante homogénea al no apreciarse diferencia de personas que han expresado su opinión manifiesta estar muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que la Hacienda Pública desempeña una función necesaria para la sociedad, concretamente el 89 por ciento, mientras que como contrapartida, un escaso 9 por ciento considera que si no se pagara impuestos, viviríamos mejor.

Los entrevistados tampoco se decantan por considerar alguno de los servicios públicos y prestaciones como menos útiles, pues el 75 por ciento considera que no hay ninguno que no sea necesario. Sí dicen que la sanidad es el más necesario, accesible y el mejor gestionado, aunque el que peor uso hacen los usuarios. Son los servicios sanitarios, seguidos de infraestructuras y transportes públicos, los bienes y servicios utilizados por una mayor parte de los hogares españoles en 2016.

En un nivel intermedio se sitúan los servicios educativos y al final las pensiones o el paro.

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