Los Estados miembros de la Unión Europea incumplen cada vez más las exigencias de Bruselas. El año pasado, los procedimientos de infracción abiertos por ignorar la aplicación del Derecho comunitario aumentaron un 21 por ciento, respecto al año 2015. En este sentido, Alemania y España tenían el número más elevado de asuntos pendientes por transposición o aplicación incorrectas de la legislación de la UE, siendo Estonia el Estado miembro con el menor número de asuntos en curso el año pasado.
Además, Chipre y Bélgica registraron el mayor número de asuntos en curso por transposición tardía de las Directivas europeas. Por el contrario, Italia, Eslovaquia y Dinamarca presentaban el menor número de asuntos.
Así lo revelan los datos del Informe anual sobre la aplicación nacional del Derecho de la Unión Europea de la Comisión Europea. Este último año, los Estados miembros tuvieron que transponer 66 nuevas directivas, lo que representa un gran aumento de su carga de trabajo en comparación con la preparación del cuadro de indicadores 2016 -47 directivas-.
España es el Estado miembro con el tercer déficit de transposición de Directivas más alto. Tiene un porcentaje, en este sentido, del 30 por ciento para las Directivas que debían transponerse en 2016 -hasta el 30 de noviembre- y un 67 por ciento para las nueve directivas con una fecha de transposición dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite de cálculo.
Además, el informe subraya que su retraso medio en la transposición de las normativas es de 8,1 meses, lo que supone el doble de la media de la UE. España ha añadido una Directiva muy atrasada a su cartera de peticiones, pero la mayoría de sus otras directivas pendientes -19 de 24, en total- se han retrasado menos de 12 meses. Las cuatro restantes debían transponerse entre uno y dos años atrás.
En general, en 2016 el número de nuevos procedimientos de infracción por transposición tardía casi se duplicó -847 asuntos- en comparación con el año anterior -543 asuntos-. La Comisión puso en marcha nuevos procedimientos de infracción contra la mayoría de Estados miembros por no transponer las Directivas sobre contratación pública y concesiones (Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE), sobre productos del tabaco (Directivas 2014/40/UE y 2014/109/UE) y sobre el permiso de conducción (Directiva 2014/ 85/UE).
El año pasado, la Comisión remitió tres asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, Bruselas solicitó que se impusieran sanciones económicas en dos asuntos relativos al Estado miembro de Luxemburgo y otro referente al, también país miembro de la Unión, Rumanía.
