Los auditores vienen demandando, desde su entrada en vigor, modificaciones en la actual Ley de Auditoría, pero hasta que estas no se lleven a cabo consideran que es necesario un Reglamento en el que se definan con mayor exactitud lo que ha quedado indefinido en la Ley.
Para Carlos Puig de Travy , presidente del Registro de Auditores (REA) del Consejo General de Economistas que son muchas cosas de alta importancia, aspectos técnicos que con una revisión legislativa adecuada evitarían muchos problemas en el día a día de los auditores.
Carlos Puig de Travy cree que es necesario definir con mayor exactitud lo que ha quedado indefinido en la Ley, que son muchas cosas de elevada importancia, fundamentalmente aspectos técnicos que con una revisión adecuada evitarían muchos de los problemas que se plantean en el día a día de los auditores.
Solo 14 Estados de la UE han adaptado la Directiva de Auditoría. "Por ello, demandamos un desarrollo claro del Reglamento sobre las normas de independencia, que necesitan una mayor claridad, así como sobre otras situaciones como las alusiones a una auditoría simplificada, que consta en el acuerdo entre PP y Ciudadanos y que no sabemos cómo se puede desarrollar o como se debe actuar ante la complejidad del cliente", afirma.
Esencia de la profesión
El presidente del REA explica que "estamos a favor de cuatro cosas que son la esencia de nuestra profesión, como es lograr una mayor efectividad auditora con la máxima calidad. Además, fortalecer la independencia profesional". Por ello, demandan una legislación europea y homogénea, además de mayor apertura del mercado.
Sin embargo, los auditores no quieren ser parte de la guerra por traspasar las funciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), actual regulador, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que forma parte del acuerdo entre PP y Ciudadano previo al apoyo de esta última formación política a la investidura de Mariano Rajoy.
"El tema de si debe supervisar el ICAC o la CNMV lleva abierto muchos años, pero lo que en realidad preocupa al sector es que quien supervise conozca bien la realidad del día a día de la auditoría, que esté en contacto constante con la profesión y que mantenga una colaboración estrecha como ocurre en el resto de países del entorno. No debemos entrar en una posible guerra institucional", afirma Puig de Travy.
En el REA se cuestiona la expulsión del Comité de Auditoría de los representantes del sector, y aunque se reconoce que el ICAC ha elevado el control de calidad con las corporaciones, ese piensa que ha fallado en el ámbito legislativo.
Sólo dos de los 28 Estados miembros de la UE tienen las competencias atribuidas en materia de supervisión de auditoría a una autoridad con competencias en relación con el sector financiero (Holanda y Luxemburgo). Y sólo en uno de ellos (Italia), las competencias se atribuyen a quienes tienen facultades en materia de mercado de valores.
Dos recientes nombramientos traslucen la voluntad del Gobierno de ejecutar este traspaso: el nombramiento de la ex directora del ICAC, Ana María Martínez-Pina, como vicepresidenta de la CNMV, y el de José Amerigó, ex director de Servicios Jurídicos del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), como secretario general técnico de Justicia, lo que le sitúa como responsable de los acuerdos de colaboración entre registradores mercantiles y el supervisor.
Los auditores piden también una Ley de Auditoría Pública que regule la colaboración público-privada en un sector como es el público, que precisa de una transparencia de la que no goza, pues el 8 por ciento de las entidades locales no se auditan.