El Consejo de Europa suspende a las Cortes Generales, al Poder Judicial y a la Fiscalía en el cumplimiento de sus recomendaciones para combatir la corrupción. La evaluación del Cuarto Informe Greco -Grupo de Estados contra la corrupción- critica con dureza la falta de progreso en medidas de transparencia y prevención de prácticas irregulares en las tres instituciones, y califica de "globalmente insatisfactorios" los resultados obtenidos.
El Greco, publicado en enero de 2014, contenía 11 recomendaciones. La evaluación, que se dará a conocer hoy y a la que ha tenido acceso elEconomista, declara que seis de ellas permanecen sin aplicar y cinco sólo se han implementado de manera parcial.
Relación diputado-'lobby'
El documento es especialmente crítico con el Congreso y el Senado. Según explica, es "decepcionante" que el fuerte mensaje de cambio obtenido en las últimas elecciones no se ha traducido en medidas concretas en el régimen de las cámaras.
Así, el Greco insiste en que es necesario adoptar un código de conducta con el que se comprometan los diputados y senadores, y establecer mecanismos de control y garantía de su cumplimiento.
Tampoco se ha concretado, apunta, la regulación de los lobbies. A pesar de que el Congreso se comprometió en abril de 2016 a reformar su Reglamento para elaborar un registro de grupos de presión y regular la relación de los diputados con ellos, el informe no ve ?ninguna certeza? en que se lleve a efecto en la nueva legislatura.
Por último, en relación con la información que proporcionan las cámaras sobre sus parlamentarios, el organismo asevera que "queda mucho por lograr para satisfacer plenamente las preocupaciones en juego". En este sentido valora positivamente las obligaciones introducidas por la Ley de Transparencia, pero señala que aún se desconocen aspectos financieros muy relevantes para destapar actuales o potenciales conflictos de intereses.
Así, recomienda publicar el valor de mercado de los inmuebles y vehículos de los diputados y senadores; los nombres de las empresas de las que tienen acciones o participaciones; los tipos de interés pagados por los créditos obtenidos de entidades financieras; y, finalmente, información detallada sobre regalos recibidos e ingresos por actividades accesorias.
Elección del CGPJ
El Greco reitera su exigencia de que las autoridades políticas "no tomen parte, en cualquier etapa, en el proceso de selección" de los miembros del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Una medida que considera ?crucial? para garantizar un organismo independiente. En este punto, el informe señala con inquietud que España ocupa el cuarto lugar por la cola en cuanto a percepción ciudadana de independencia judicial en la Europa de los 28, según datos de la Comisión Europea.
El sistema de elección de los altos cargos de la judicatura -presidentes de las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores o Tribunal Supremo- también sale mal parado. El organismo critica que no se hayan establecido por ley "criterios objetivos y requisitos de evaluación" para su designación, y que ésta permanezca dentro del ámbito de la discrecionalidad del CGPJ.
El documento manifiesta que debe reforzarse la transparencia del proceso para que no pueda cuestionarse "su independencia e imparcialidad".
Procedimientos disciplinarios
El organismo europeo, asimismo, recomendó extender el plazo de prescripción en los procedimientos disciplinarios de los jueces, actualmente establecido en seis meses. A su juicio se ha demostrado demasiado corto y contrasta con el aplicable a los procesos contra secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia, que es de doce meses.
Finalmente, el Greco sí ve algún avance en la elaboración de un código de conducta para los jueces, un texto aún no concluido y que analizará una vez en vigor.
Los partidos sí aprobaron
El varapalo que se llevan las Cortes y el Poder Judicial contrasta con la evaluación positiva que sí obtuvieron las reformas del Código Penal y las medidas relativas a las prácticas de los partidos políticos, en el informe publicado el 9 de febrero.
Según el Consejo de Europa, en estos ámbitos España mostró un avance "significativo": cumplía satisfactoriamente 11 de las 15 medidas, y las otras cuatro las cumplía de manera parcial. Las principales dudas mostradas en aquel informe eran en relación al control de los ingresos de las fundaciones vinculadas a los partidos y la tipificación de algunas formas de soborno.