El 15 de septiembre finaliza el plazo para que cualquier miembro de la sociedad civil haga aportaciones al III Plan de Gobierno Abierto (correspondiente al periodo 2016-2018) a través de la web del Portal de Transparencia. Un programa de carácter bianual que busca que el Gobierno se comprometa a impulsar reformas que mejoren la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información.
España forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto -la OGP, por sus siglas en ingés- desde 2011. La organización, de la que forman parte 69 países, elabora junto a los Ejecutivos nacionales los planes de actuación y después revisa y evalúa de forma independiente el cumplimiento de sus objetivos.
Avances limitados
De acuerdo con el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI), que evalúa el Plan 2014-2015, el control y la transparencia de las subvenciones públicas sigue siendo una asignatura pendiente, una materia clave para prevenir el fraude y la corrupción.
A pesar de que el Gobierno apreció en su informe de autoevaluación avances "sustantivos", el MRI rebaja el optimismo y los califica de "limitados". En este sentido recuerda que no prosperó la reforma de la Ley General de Subvenciones y que persiste la dispersión legislativa en la materia, lo que aleja los objetivos de publicidad, concurrencia e igualdad.
Asimismo, el documento señala que no se aprecian progresos en la coordinación entre las Administraciones Públicas, tal y como se había comprometido España en el Plan aprobado en 2014.
Tampoco se registran mejoras en la simplificación y la flexibilización de la tramitación de las subvenciones. El MRI sostiene que no se han eliminado las subvenciones generales ni se ha impulsado un procedimiento basado en la concurrencia competitiva, limitando las ayudas directas.
Base de Datos Nacional
Como único punto positivo -aunque no sirve para mejorar la valoración general que recibe nuestro país-, el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), autor del informe, destaca la creación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que pretende dar publicidad a los instrumentos de información.
En todo caso, apunta a que aún queda camino por recorrer en la publicidad de las convocatorias y las resoluciones de concesión, porque se da referencia a la información pero no a la información en sí misma.
El MRI incluye una batería de recomendaciones. Entre ellas, destaca la aplicación íntegra de la Ley General de Subvenciones a cualquier ayuda concedida desde el sector público o la eliminación de las subvenciones nominativas, salvo las previstas en los Presupuestos Generales del Estado.
