El Abogado General Szpunar sostiene que "el operador de una tienda, un bar o un hotel que ofrece gratuitamente al público una red Wi-Fi no es responsable de las vulneraciones de los derechos de autor cometidas por un usuario". Según sus conclusiones, presentadas hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo, "si bien es posible dirigir al operador un requerimiento judicial para que ponga fin a dicha vulneración o la prevenga, no puede exigírsele que desactive la conexión a Internet ni que la proteja mediante una contraseña o que lleve a cabo un control general de las comunicaciones".
El Abogado General subraya que la normativa europa se opone a todo requerimiento judicial dirigido "a un particular que explota una red Wi-Fi abierta al público de forma accesoria a su actividad económica principal". El destinatario del requerimiento tendría que desactivar la conexión a Internet o proteger dicha conexión con una contraseña, y controlar toda comunicación que se produzca a través de ella para comprobar si se vuelve a transmitir ilegalmente la obra protegida por derechos de autor.
Según las conclusiones, para dictar el requirimiento, el juez nacional está obligado a cerciorarse de que las medidas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias; estén destinadas a poner fin a una vulneración específica o a impedir que se cometa y no impliquen una obligación general de supervisión, y se respete un justo equilibrio entre los derechos fundamentales aplicables, es decir, por una parte, la libertad de expresión y de información y la libertad de empresa y, por otra parte, el derecho de propiedad intelectual.
"Imponer la obligación de proteger el acceso a la red Wi-Fi, como método de protección del derecho de autor en Internet, no respeta la exigencia de un justo equilibrio entre, por un lado, la protección del derecho de propiedad intelectual que ampara a los titulares de derechos de autor y, por otro lado, la protección de la libertad de empresa que ampara a los prestadores de los servicios en cuestión", señala Szpunar. "Al restringir el acceso a comunicaciones legales, esta medida implicaría además una limitación de la libertad de expresión y de información", añade.
El abogado general concluye que "desde una perspectiva más amplia, la eventual generalización de la obligación de proteger las redes Wi-Fi, como método de protección del derecho de autor en Internet, podría dar lugar a una desventaja mayor para el conjunto de la sociedad que el beneficio potencial que supondría para los titulares de estos derechos".