El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha definido por primera vez el concepto de documentos extrajudiciales que deben ser objeto de una transmisión formal a los destinatarios residentes en otro Estado miembro. "Los organismos nacionales competentes están obligados a transmitir dichos documentos de forma automática cuando éstos reúnan los requisitos establecidos por el Derecho de la Unión", establece el Tribunal.
La sentencia, dictada hoy, destaca, además que "el concepto de documento extrajudicial comprende no sólo los documentos emitidos o autenticados por una autoridad pública o un funcionario público, sino también los documentos privados cuya transmisión formal a su destinatario residente en otro Estado miembro sea necesaria para el ejercicio, la prueba o la salvaguardia de un derecho o de una pretensión jurídica en materia civil o mercantil".
Según el TJUE, la transmisión de tales documentos entre Estados miembros contribuye a reforzar el buen funcionamiento del mercado interior en el ámbito de la cooperación en materia civil o mercantil y contribuye a establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia en el interior de la Unión.
"La notificación o el traslado de un documento extrajudicial del modo establecido en el Reglamento europeo resulta siempre procedente aun cuando ese documento ya haya sido notificado o trasladado una primera vez por una vía de transmisión no contemplada en ese Reglamento o por otro de los medios de transmisión previstos en él", subraya el fallo. Añade, también, que cuando concurran los requisitos de aplicación del Reglamento, "no procede comprobar caso por caso si la notificación o el traslado de un documento extrajudicial tienen incidencia transfronteriza y son necesarios para el buen funcionamiento del mercado interior". En ese caso, los organismos nacionales competentes están obligados a transmitir los documentos de que se trate de forma automática
El asunto parte de una cuestión prejudicial planteada por el Juzgados de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. El juez español preguntaba al Tribunal europeo sobre el concepto de documento extrajudicial a efectos del Derecho de la Unión.