El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto, ha sembrado el caos entre varios colectivos profesionales. Pero si hay uno que está especialmente inquieto con la propuesta es el de los procuradores. Los aranceles de los procuradores, a debate.
Si bien uno de los principales argumentos del Ministerio de Economía para defender la reforma que propone es que pretende a priori favorecer a los clientes y abaratar los costes de la Justicia, desde el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) no lo ven tan claro.
Ni la supresión de sus aranceles ni la eliminación de la incompatibilidad entre abogado y procurador, principales puntos calientes de la reforma, lograrán este objetivo. Más bien todo lo contrario. O al menos así lo cree el presidente del Consejo, Juan Carlos Estévez, que asegura que estas medidas revertirán en un encarecimiento de la Justicia yuna mayor dilación en su funcionamiento con un claro perjudicado: el ciudadano.
En su opinión, Economía no se ha parado a pensar en las consecuencias "nefastas" que la reforma puede provocar en la Administración de Justicia. Vayamos por partes.
Según Estévez, no hay "nada más lejos de la realidad" que el que la pérdida de reserva de las profesiones de abogado y procurador vaya a abaratar costes. Explica que los letrados tienen unos honorarios de representación que son "el cien por cien más que los aranceles de los procuradores, de modo que donde un procurador cobra 10 un abogado cobra 20" y vaticina que el abogado que actúe en representación no va a aplicar los aranceles del procurador, sino sus honorarios por lo que no va a haber abaratamiento de costes.
Y lo mismo ocurre con la supresión de sus aranceles -la Ley propone que sus honorarios sean fijados libremente con los clientes-, que los más críticos han llegado a calificar de "disparatados". Explica Estévez que los aranceles de los procuradores están fijados por Real Decreto, con un precio fijo y, por tanto, "constituyen una garantía para el ciudadano del coste que le va a suponer el proceso" y es contundente al afirmar que "es una falacia" que sean muy caros. Asegura que sólo son altos en aquellos procedimientos de elevadísima cuantía en los que "al barajarse cantidades desorbitadas el arancel se dispara". Algo, que afirma que ya ha intentado solucionarse desde Justicia "topando los aranceles en 300.000 euros".
Y es más, sostiene que, en la práctica, ya nadie paga por aranceles en estos procesos donde los precios se pactan, "de modo que el efecto de su supresión en estos procedimientos va a ser cero". En la otra cara de la moneda, fuera de estos procedimientos, "que no suponen ni el 0,01 por ciento de los asuntos que hay en Justicia, los aranceles son muy baratos". Y ejemplifica: "Cobramos 33,34 euros en la jurisdicción penal; y en familia, por un divorcio, 40 euros si es demutuo acuerdo y 70 si es contencioso".
De ahí que, en su opinión, la supresión de este arancel general puede provocar que los procuradores cobren más de los precios ahora estipulados, lo que puede perjudicar al mercado.
Pero si hay algo que preocupa al presidente de los procuradores de entrar en vigor esta Ley en sus términos actuales son las dilaciones que puede haber en Justicia debido a las notificaciones.
Explicó que ahora se realizan a través de 67 colegios de procuradores que se entienden con toda la Administración de Justicia (todos los juzgados y tribunales). De ahí, afirmó que "la gran garantía para el ciudadano es que si hay un procurador poco diligente que no abre la notificación, se entiende notificado por el colegio, con lo que no hay dilaciones". A este respecto, recordó que los colegios
de procuradores tramitaron el año pasado 50 millones de notificaciones de las cuales 28 millones lo fueron en papel y 22 millones a través del sistema informático LexNet, con cargo a los presupuestos de los colegios de procuradores.
De ahí que lamente que si los procuradores dejan de tramitarlas "tendrán que gestionarse de alguna otra manera y lo pagará el Estado o la comunidad autónoma correspondiente". Pero además, de confirmarse la posibilidad de que los abogados entren en juego a la hora de realizar notificaciones, de los 67 interlocutores actuales, se pasaría a unos 140.000. De ser así "se produciría tal colapso en la Administración de Justicia que retrocederíamos 30 años".
La Justicia "no es un negocio"
Otra de las consecuencias más preocupantes sería la pérdida de inversión extranjera. Y es que, "un inversor lo primero que pregunta es cómo funcionan los tribunales". Si ya la Justicia de por sí "no está tan bien como quisiéramos", afirma Estévez, con la reforma estará "mucho peor: los pleitos se eternizarían y el inversor extranjero saldría corriendo". Todo esto es lo que,
en opinión del presidente, no mide el Ministerio de Economía que "ha entrado como un elefante en una cacharrería, con muy buenas intenciones pero sin medir las consecuencias".
Si bien es necesario "dar más flexibilidad al mercado", denuncia que hay que tener claro que "la Justicia no es un mercado y ahí es donde también se equivoca Economía". La Justicia "no es un negocio, es un pilar firme del Estado que asegura los derechos y libertades del ciudadano y eso no entra dentro del capítulo económico". Lo cierto es que no son días fáciles para los procuradores. Su propio presidente ha reconocido que "estamos preocupados. También nuestras familias y los empleados ligadosa los procuradores".
Y es que, "más de 100.000 personas se verían afectadas por la Ley". No obstante, la situación actual quecoloca a Economía comoactual ganador no merma sus fuerzas y Estévez lo tiene claro: "Confío que la reforma salga adelante con cambios, si no no estaría peleando. No tengo una bola de cristal pero espero que al final se imponga la cordura y el diálogo". Y es que, la propuesta acaba
deempezar su andadura y todavía debe superar varios trámites como el informe del Consejo Fiscal. Además, en tramitación parlamentaria podría abrirse otra brecha de esperanza para el sector.
Los aranceles de los procuradores a debate