El Parlamento Europeo dio ayer su visto bueno a una nueva normativa sobre contratación pública y concesiones, que pretenden dar mayor margen a las autoridades públicas a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios, en lugar de "premiar simplemente a la oferta más competitiva", y que deberán asumir los Estados miembros en un plazo de dos años.
Según una nota emitida por la Eurocámara, ello permitirá introducir, por ejemplo, "criterios sociales o medioambientales en las licitaciones", además de facilitar que las pymes puedan presentar ofertas e incluirán condiciones más estrictas sobre subcontratación.
Estándares comunes
La nueva legislación se acordó por el Consejo Europeo el pasado mes de junio de 2013 y supone una revisión de las normas de contratación pública en la UE, fijando por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de "impulsar una competencia justa y garantizar la obtención una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación".
El impacto económico para los negocios de menor tamaño puede ser importante teniendo en cuenta que, según los datos que maneja la UE, las autoridades públicas gastan alrededor del 18 por ciento del PIB en la contratación de obras, bienes o servicios, lo que "las convierte en motores importantes a la hora de alcanzar metas sociales".
Según aseguró el ponente del Parlamento Europeo sobre contratación, Marc Tarabella, "las nuevas normas son una señal fuerte para los ciudadanos, que tienen derecho a saber que el dinero de la contratación pública se utiliza de manera eficaz".
Por otro lado, la norma simplifica el proceso de licitación, creando un documento único europeo basado en declaraciones del propio empresario. Ello permitirá que sólo el adjudicatario deba proporcionar la documentación original, reduciendo la carga administrativa en alrededor de un 80 por ciento.