La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana porque "regula como falta administrativa, con un menor reproche público, conductas que hasta ahora eran imputables en el ámbito de lo penal". El texto definitivo podría probarse la semana que viene, según indicaron ayer fuentes del Ministerio del Interior.
"El espíritu que guía al Gobierno es promover y garantizar la convivencia pacífica de los españoles y castigar a los grupos violentos que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y la de los agentes", dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández.
El secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, señaló que la Ley nace del "miedo que ha provocado en el Gobierno y el PP la movilización ciudadana".
El coordinador de IU, Cayo Lara, aconsejó no dejarse engañar por las "argucias" del PP de rebajar las sanciones con las que había amenazado inicialmente: "Es represión pura y dura", dijo.
Jueces y policías
El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, por su parte, calificó el anteproyecto de "ley de excepción" que "no va en consonancia con la democracia" y que "recuerda a la Ley de vagos y maleantes, que fue aprobada en 1933 y se mantuvo durante el franquismo hasta 1970".
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, considera que las multas son "absolutamente desorbitadas" y que el objetivo del Gobierno parece ser desalentar a la ciudadanía a ejercer derechos fundamentales".
La Confederación Española de la Policía (CEP), emitió un comunicado en el que alertaba de una "batasunización" de las calles de Madrid tras los incidentes de Moratalaz. Por ello, defiende la aprobación de una nueva Ley, pero sin las "rebajas" introducidas por Interior al proyecto inicial.
El Sindicato Profesional de Policía (SPP) manifestó el viernes que las sanciones por insultar a policías actuarán como "medida disuasoria" y permitirán "mayor protección" de los agentes. Y la Unión Federal de Policía (UFP) defendió que los "insultos y vejaciones" a la Policía estén sancionados en la futura Ley.
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