Los edificios que quieran acogerse a las subvenciones previstas en el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, deberán estar en posesión de un informe de evaluación de edificios, lo que supone el establecimiento de una nueva Inspección Técnica de Edificios (ITE), aunque en esta ocasión lo que se revisará serán las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación. Siga leyendo gratis esta y otras noticias en 'Iuris&Lex'
El Plan incluye un programa para el impulso a la implantación y generalización de un Informe de Evaluación de los Edificios, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión.
Una vez inspeccionado el edificio, el técnico deberá realizar una valoración final de las condiciones básicas de accesibilidad y plantear los ajustes razonables en materia de accesibilidad que considere que son necesarios para mejorar el edificio.
Los puntos revisados por los técnicos especializados en este tipo de revisiones se centrarán en la evaluación de las condiciones funcionales del edificio, accesibilidad entre plantas, accesibilidad en las plantas del edificio, la dotación de elementos accesibles con que cuente el inmueble, servicios higiénicos, mecanismos accesibles, dotación y características de la información y la señalización de elementos accesibles.
Además, contempla el Plan la puesta en funcionamiento de un programa nuevo, que busca comprometer a las Administraciones Públicas en la generación de un parque público de viviendas que pueda servir para crear una oferta en alquiler. Se busca, con este programa, corresponsabilizar a todas las Administraciones y sumar la subvención a la construcción de las viviendas, que expresamente se establece, otras aportaciones; en particular, la del suelo o edificio a rehabilitar de titularidad pública, en el caso del suelo preferentemente municipal, y las de las ayudas complementarias que debieran aportar las comunidades autónomas, complementarias a las estatales, cuya existencia condiciona la viabilidad del programa.
Las viviendas así construidas permitirían, en particular, ofrecer una solución para los casos más extremos, aquellos en los que no se alcanza, entre todos los miembros del hogar, ni siquiera un umbral mínimo de rentas, vinculando esta posibilidad de ayuda al alquiler con la intervención de los servicios sociales, de forma que el acceso a la vivienda sea una parte de un tratamiento de carácter integral, una parte importante eso sí, pero no la única, con lo cual se refuerza a los servicios sociales y se consigue una mayor eficacia de la intervención pública.
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