El Tribunal Supremo recrimina en su sentencia, de 9 de diciembre, a los afectados de Fórum y Afinsa que no recurrieran "a un mínimo asesoramiento que no fuera únicamente el de los impulsores del negocio".
El ponente, el magistrado Martínez-Vares García, estima, por ello, que resulta necesario este asesoramiento externo para "confiar el ahorro y su rentabilidad personal o individual e incluso colectivo de una familia o de un grupo en un negocio como el que llevaban a cabo las empresas Fórum y Afinsa cuya razón de ser era la revalorización de un bien tangible como los sellos de correo sin destino postal sino de coleccionismo filatélico".
Indica que ?utilizar ese bien como refugio del ahorro es una actuación arriesgada y generalmente poco provechosa?.
También, añade que es "una actividad entre particulares que queda exenta del control de la Administración por más que exista ya una norma que intente proteger a quienes entren en ese mercado de bienes tangibles para evitar, como ocurrió en este caso y, algún otro también conocido en España, que se desencadenen situaciones como las aquí enjuiciadas de las que no puede hacerse responsable no ya por acción sino ni tan siquiera por omisión a la Administración".
Dice que resulta obvio que el hecho de que la Administración adoptase medidas de apoyo a los perjudicados no puede llevar a concluir que "reconozca tácitamente su responsabilidad patrimonial por la situación derivada de la insolvencia económica a que se han visto abocadas ambas sociedades".
Sobre los contratos, indica que "podría estimarse que subyace una causa financiera, al referirse a un producto de ahorro/inversión en sentido económico, dada la revalorización cierta comprometida, sin que, no obstante, ello implique necesariamente que estemos ante un producto financiero en sentido estricto, en función del Derecho positivo que rige los productos y mercados financieros".
El fallo confirma los mismos fundamentos jurídicos que el de 13 de diciembre (ver elEconomista de 29 de diciembre de 2010) y rechaza la responsabilidad del Estado.
El TS exime de responsabilidad al Estado
