El Gobierno carece del proyecto de Ley de mejora del tratamiento fiscal para los patrimonios protegidos en favor de personas con discapacidad, para lo que contaba con un plazo de seis meses, que vencen el día 26 de diciembre, según se denunció ayer en una jornada sobre la materia, organizada por las fundaciones Aequitas y Once.
Miguel Cruz, socio de PricewaterhouseCoopers, recordó que este mandato legal está recogido en la Disposición Final Segunda de la Ley 1/2009, de 25 de marzo, y en la que, además, se ordenaba que el Gobierno recabase el parecer y las propuestas de la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y del Consejo Nacional de la Discapacidad, propuesta que ya obra en manos del Ministerio de Economía y Hacienda.
Aportante del patrimonio
Esta propuesta plantea la simplificación de los actuales procedimientos y la eliminación de las restricciones sobre el aportante del patrimonio, ya que únicamente se benefician las aportaciones de los padres o hermanos, pero no las de amigos de la familia.
Proponen que se trate el fondo patrimonial como si fuese un fondo de inversión. Que se establezca un patrimonio protegido para atender a las necesidades vitales de la persona que sufre la minusvalía.
Para ello, sería aconsejable establecer un mínimo exento (40.000 euros) si se mantiene el plazo de cuatro años en el que no se puede acceder al patrimonio, aunque se afronten operaciones o tratamientos médicos, ya que de hacerlo, habrá que devolver los beneficios fiscales obtenidos con intereses de demora.
Por su parte, Patricio Monzón, notario y director ejecutivo de Aequitas, explicó que el sistema que se aplica a las fundaciones es más beneficioso, porque no limita los donatarios al ámbito familiar.
Memoria de la Agenda Tributaria
Como ejemplo de la falta de aceptación de este régimen, el presidente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas, Antonio Ojeda, señaló que durante el año 2008 y los tres primeros trimestres de 2009 el número de constituciones de Patrimonio Protegido fue de 233; los nombramientos de cargo tutelar para sí mismo o autotutela fueron 3.042, y las aportaciones a Patrimonio Protegido registraron tan sólo 221 operaciones.
Esta situación se comprueba mejor en la Memoria de la Agencia Tributaria, según la cual, el número de declarantes aportantes de patrimonio es de tan sólo 1.500, frente a los acogidos a los fondos de gran discapacidad, que suman 14.151.
