El portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Dacio Alonso, ha presentado este viernes ante la Fiscalía una denuncia a más de veinte empresas, entre ellas Iberia y Spanair, por utilizar los teléfonos de tarifa adicional 807 para atender a clientes, lo que considera un "abuso" con la "connivencia" de la Administración central.
Así lo ha expresado Alonso, presidente de la UCE en Asturias, durante una rueda de prensa celebrada en Oviedo, en la que ha explicado su intención de que a esta acusación, presentada inicialmente ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del Principado, se le dé traslado ante la Fiscalía General del Estado, atendiendo al ámbito de actuación nacional de muchas de las empresas denunciadas.
Las compañías denunciadas son Iberia, Easy Jet y Ryanair, con tres números telefónicos cada una de ellas, seguidas de otras dos empresas aéreas, Air Europa y Vueling, con dos.
La relación la completan los ayuntamientos de Barcelona y Lleida, Pepecar-Alquiler coches, Crédito-Online.es, Hispavista, Transavia.com, Edreams, Meridiana, Viajes Ecuador, Halcón Viajes, Venca y La Redoute.
"Entendemos que es una estafa y un abuso en toda regla", ha manifestado el máximo responsable de UCE-Asturias en referencia a las tarifas que aplican estas compañías por ofrecer un servicio que "no dan".
Según ha explicado, el precio medio por minuto de estos teléfonos, que han sido concebidos para "prestar servicio profesional, por lo que los usuarios pagarían más", supera en algunos casos 1,51 euros, que según ha abundado implica que en casos de llamadas de consultas o cancelaciones de vuelos, una vez obtenido el billete, puedan suponer 5 ó 6 euros por unos 3 minutos.
Para Alonso, se trata de un "negocio" y así está "concebido" por las empresas, que ingresan un 80 por ciento del total de la llamada, mientras que el operador telefónico percibe el 20 por ciento restante.
"Estamos ante un abuso que se produce con la connivencia de la Administración, que sabe que es ilegal pero que está siendo tolerante", ha lamentado.
En su escrito ante la Fiscalía de Asturias, solicita que ante la "gravedad" de los hechos denunciados y del "enorme perjuicio" que estas compañías ocasionan a usuarios, "incoe cuantas diligencias considere oportunas a fin de determinar si los hechos descritos son constitutivos de un ilícito penal, y, en su caso, determine las responsabilidades que de los mismos pudieran derivarse".