La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) valora positivamente la nueva normativa que obliga a las administraciones a publicar sus plazos medios de pago a partir del próximo mes de octubre. Para la PMcM, la puesta en marcha la ley contra la morosidad supone "un impulso en la transparencia y en el reconocimiento de los buenos pagadores, que permiten el desarrollo de las empresas tanto a nivel regional como nacional", en palabras de su presidente, Antoni Cañete.
La revelación de estos periodos permitirá al Ministerio de Hacienda asumir los pagos pendientes a proveedores si las administraciones están reiteradamente por encima del plazo legal de pago, para después descontárselo de su financiación.
La plataforma lamenta, sin embargo, que se permita a las administraciones iniciar el cómputodel plazo medio de pago pasados 30 días desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obras, y no únicamente pasados 30 días desde la fecha de entrada de la factura en el registro. En este sentido, hay un aspecto que desde la PMcM se considera "ambiguo y que exige una redefinición". Se trata de la disposición final primera de la Ley 13/2014, que permite alargar el plazo de aprobación de certificaciones de obra por encima de los 30 días naturales, siempre y cuando no sea "manifiestamente abusivo" para el proveedor.
Según la PMcM, las administraciones morosas pueden encontrar en esta expresión ambigua un punto de escape para alargar sus plazos de pago indefinidamente, ya que dilata el plazo de aprobación de las facturas y, por tanto, su fecha de pago. La Directiva Europea y su trasposición a la ley española fija el plazo de pago de las Administraciones Públicas en 30 días, ampliable como máximo a 60 días. En este sentido, Cañete apunta que no se puede dejar "una puerta falsa para que las administraciones incumplan sus compromisos de pago.
La PMcM ha anunciado que llevará estas observaciones y propuestas a la comisión que tiene con el Ministerio de Hacienda "para no dejar ambigüedades en la ley e interpretaciones que creen inseguridad jurídica".
