Alcanzaron la cumbre, pero la caída está siendo en picado y sin paracaídas. Las energías eólica y fotovoltaica, dos de las renovables españolas que más satisfacciones nos han dado dentro y fuera de nuestro país, han perdido ya más de 50.000 empleos y han entrado en una espiral de la que les va a ser difícil salir. Estas dos tecnologías están sufriendo un doble revés: la crisis económica -que se empeña en no abandonarnos-, y la ausencia de un marco regulatorio estable que les impide seguir creciendo.
En los últimos quince años el sector eólico ha realizado un gran esfuerzo industrial, empresarial y humano que ha requerido importantísimas inversiones económicas (25.000-30.000 millones de euros), para la construcción de parques eólicos en nuestro país, un desarrollo que ha sido posible gracias a la existencia de unas políticas adecuadas que, hasta el año 2009, permitieron que se invirtiera en esta tecnología.
Gracias a esas inversiones, actualmente disfrutamos del privilegio de tener unos 22.000 megavatios eólicos instalados en España, distribuidos en un millar de parques ubicados prácticamente por toda la geografía española, y que producen el 17 por ciento de la electricidad que demanda el país. Además, su impecable adaptación al mercado ha permitido que España sea un referente a nivel mundial, tanto por el desarrollo de la tecnología eólica como por su integración en la red eléctrica.
Reestructuración del sector
Sin embargo, el panorama se ha vuelto especialmente sombrío. Los diferentes cambios normativos que se han ido adoptando en los últimos tiempos están provocando un auténtico clima de incertidumbre y temor en este sector. Es un hecho real que los promotores están viendo amenazadas sus inversiones y que la industria está perdiendo producción y empleo.
Al nuevo impuesto del 6% sobre la generación eléctrica, se une a la elevada presión fiscal que ya sufre el sector, la moratoria para nuevas instalaciones y la inexistencia de un marco regulatorio más allá de diciembre de 2012.
Lo cierto es que, lejos de mejorar, la situación empeora cada vez más. La cartera de pedidos de los principales fabricantes del sector eólico se ha dado un gran batacazo y los expedientes de regulación de empleo están haciendo tambalearse los cimientos de un sector que ha sido clave en la economía de este país. Una de las afectadas es Gamesa, que a finales de octubre presentó su nuevo Plan de Negocio 2013-2015 con el objetivo de hacer frente a la coyuntura inmediata.
El proceso -iniciado ya a principios de 2012- supone un ajuste global, a partir de octubre y hasta el primer trimestre de 2013, de unas 1.435 personas, principalmente en Europa, China y EEUU. En España, la reducción de estructura de personal será de unas 480 personas, alrededor del 10% de la plantilla.
Otro de los grandes fabricantes afectados por el parón es Vestas. La danesa lanzó el año pasado un ambicioso plan de ajuste. De este modo Vestas, que ya había reducido su plantilla a nivel mundial hasta los 19.000 empleados, ha expresado su intención de reducirla hasta los 16.000 para el próximo año debido a las pérdidas sufridas en los nueve primeros meses del año. En España la compañía acaba de anunciar que despedirá a un total de 251 trabajadores de distintas fábricas.
Sector fotovoltaico
La situación del sector solar fotovoltaico en España tampoco pasa por su mejor momento. Si en el año 2008 el sector solar empleaba directamente a unas 60.000 personas, las cifras que baraja para finales de 2012 es de apenas unos 5.000 empleos, casi todos dedicados al mantenimiento de las instalaciones.
El nuevo impuesto del 6% a la venta de electricidad incluido en la reforma energética eleva al 36% el recorte en la retribución del sector fotovoltaico desde 2010, lo que amenaza a un buen número de proyectos; un impuesto que se suma a los efectos del Real Decreto-ley 14/2010, por el que se recortan durante tres años las horas con derecho a prima de las instalaciones fotovoltaicas. Este recorte implica que muchos promotores se han quedado, entre septiembre y diciembre, sin retribución regulada.
Ante una situación que el sector califica de quiebra, reclaman al Gobierno el levantamiento de la moratoria temporal a la instalación de nueva energía fotovoltaica con prima, así como la aprobación de una nueva regulación que desarrolle el concepto de balance neto, clave para el autoconsumo de energía solar en los hogares, la única opción de supervivencia para la inmensa mayoría de las empresas del sector fotovoltaico.
De reconocido prestigio, las empresas del sector fotovoltaico español están pasando a engrosar la lista negra de las gravemente perjudicadas por esta situación. Es el caso de Siliken, que recientemente ha anunciado el cese de su actividad en España a consecuencia de su pérdida de competitividad en el mercado de módulos fotovoltaicos. La empresa, que está en concurso de acreedores, ha planteado un ERE de extinción de toda su plantilla (230 empleados) en la planta valenciana de Rafelbunyol.
La fotovoltaica Pevafersa se ha visto obligada a despedir, entre julio y septiembre de este año, a un total de 84 de los 138 trabajadores.
Solaria, que registró unas pérdidas de 6,6 millones hasta junio, también ha efectuado un ERE que afectará a 290 trabajadores del área industrial de la compañía en su centro de Puertollano (Ciudad Real). Del mismo modo, Wagner Solar anunciaba a finales de primavera un ERE extintivo que afectaba a 19 de sus trabajadores de su planta de Leganés (Madrid).
La dirección de DC Wafers, empresa que se instaló en 2005 en León, anunciaba el pasado mes de mayo el despido de casi un centenar de trabajadores que ya estaban afectados por un ERE temporal desde noviembre de 2011. Como el resto, Silicio Solar, Soliker y el Grupo Jiménez Belinchón, se encuentran en una situación similar, cercana a la quiebras.
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