El Gobierno tiene intención de prohibir a las auditoras la prestación de otros servicios a las empresas más allá de las propias tareas de auditoría.
De esta forma, quiere acelerar los pasos para que el Consejo de Ministros dé luz verde a la trasposición de la directiva comunitaria en septiembre, con el fin de que llegue al Congreso en octubre.
Así lo señala hoy Expansión, que apunta a la voluntad del Ejecutivo de acelerar la presentación del proyecto de ley de auditoría para así poder separar las tareas de auditoría de la realización de otro tipo de servicios. Su decisión llega tras lo que ha ocurrido por la crisis de la empresa Gowex o, anteriormente, en Pescanova.
Ya a principios de mes, recuerda el periódico, el Gobierno anunció una serie de medidas para evitar que en el futuro se repitan casos como el de Gowex. Entonces, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó que el Ejecutivo está "valorando" que las empresas a partir de cierta capitalización deban abandonar el Mercado Alernativo Bursátil (MAB) y pasar al mercado continuo.
Además de ello, el Gobierno quiere introducir otros cambios para establecer un mayor control a las firmas auditoras. Entre ellos, señala Expansión, pretende incluir criterios de rotación a la hora de que las empresas elijan al auditor. Según establece la directiva comunitaria, el periodo mínimo de contratación será de un año y el máximo de 10. Ahora bien, si los gobiernos quieren, podrán reducir este límite, o ampliarlo hasta 20 años si en la primera mitad se convoca una licitación pública.
Entre otras cuestiones también tiene la intención de delimitar lo que llama la "facturación cero", es decir, la posibilidad de que una firma de servicios profesionales realice trabajos complementarios si hace la auditoría.
Aunque el Gobierno quiere acelerar todos estos cambios, hay que señalar que los Estados miembro tienen todavía dos años para trasponer la directiva comunitaria.
El papel de las auditoras
