El ERE de Coca-Cola -que ha afectado a 1.190 trabajadores- llega esta semana a juicio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Y ante la incertidumbre de que el proceso pudiera ser declarado nulo o, como mal menor, improcedente, la compañía parece haber cambiado de estrategia. El presidente del gigante norteamericano en España, Marcos de Quinto, empezó desmarcándose de los despidos. "Este no es mi ERE y esta no es mi empresa", aseguraba a comienzos de año, cuando la nueva embotelladora única de la compañía, Coca-Cola Iberian Partners, presentaba el expediente de regulación de empleo.
El pasado miércoles, en una entrevista en RNE, De Quinto advertía ya de que si la Audiencia Nacional considerara que el ERE es improcedente, el embotellador tendría que readmitir a los empleados o acometer un despido improcedente, que supondría 45 días por año trabajado y unas cantidades "inferiores" a las que ya ha dado la compañía a los trabajadores, lo que es, a su juicio, "paradójico".
"Si la labor de los sindicatos es la defensa de los trabajadores, sorprende que no hayan querido sentarse a negociar y sorprende la impugnación de un ERE que podría incluso llevar la paradoja de que algunos trabajadores tuvieran que devolver parte de la indemnización", señaló. Y no parece que sea ningún farol. Fuentes sindicales han confirmado a elEconomista que la dirección de Iberian Partners ha dejado ya muy clara esta misma posición a los representantes de los trabajadores.
Dos procesos distintos
El problema de fondo es que no ha habido un ERE, sino dos. La empresa presentó primero un plan voluntario, al que se acogieron 1.700 de los 4.800 trabajadores del embotellador que se ha saldado ya con alrededor de 480 recolocaciones y 710 prejubilaciones o bajas. En este último caso, la compañía ha pagado 45 días por año más una paga lineal de 10.000 euros a cada trabajador, por encima por lo tanto de lo que marca la ley.
Pero es que además ha habido otro plan forzoso. Como hubo 235 trabajadores de la planta de Fuenlabrada, una de las que se va a cerrar, que no se apuntaron, la compañía optó con despedirles con 33 días, lo que provocó que los sindicatos impugnaran el proceso ante la Audiencia. Si el tribunal decidiera ahora que el ERE es nulo, algo poco probable, Coca-Cola tendría que readmitirlos a todos y la plantilla, lógicamente, tendría que devolver las indemnizaciones. Pero si es improcedente, eso significa que tendría que pagar 45 días, con lo que habría trabajadores que saldrían beneficiados al incrementar su indemnización, pero habría también otros que habrían cobrado de más.
Preguntado la semana pasada, no obstante, por la decisión que pudiera tomar la Audiencia Nacional sobre el proceso de reestructuración, el presidente de Coca-Cola España insistió también en que el embotellador asume que lo más probable es que "todo esté correcto" y que haya una sentencia favorable. Es justo lo contrario de lo que piensan, lógicamente los sindicatos, que se muestran convencidos de que el proceso será declarado nulo y que no se creen además las amenazas a la plantilla sobre la posible exigencia de una devolución del dinero. "No tiene ningún sentido, están tratando de confundir a la gente. Ellos pactaron un ERE voluntario y lo aplicaron. Lo que se ha impugnado y se está tratando aquí es el ERE forzoso, por el que han despedido a los trabajadores de Fuenlabrada con 33 días", aseguran fuentes del comité de empresa. CCOO y UGT impugnaron el ERE, alegando, entre otras cosas, que no existía una única compañía -en referencia al nuevo embotellador- con capacidad mercantil y laboral para llevarlo a cabo. El problema es que ni la Inspección de Trabajo tiene claro esto.
En un primer informe, en el que se advertía que había habido irregularidades en el proceso de negociación, los inspectores expresaban dudas acerca de si Coca-Cola Iberian Partners era o no una única sociedad con capacidad jurídica para presentar un solo ERE. Sin embargo, en otro posterior, en el que se proponía sancionar a la compañía por falta muy grave al haber impedido el derecho de huelga, se dejaba en cambio muy claro que no había ya varios embotelladores, sino únicamente uno.
Las advertencias de Trabajo
De un modo u otro, y al margen de lo que pueda decir finalmente la Audiencia, la Inspección de Trabajo sí que ha dejado claro ya que el ERE no se ha desarrollado de forma correcta. Así, en relación con el desarrollo del periodo de consultas, concluía ya a principios de abril que "se podría considerar tras analizar el contenido de las actas y las comparecencias habidas en la Inspección que no se ha producido un intercambio de propuestas y contrapropuestas por las partes de manera recíproca ni se podrían haber conocido de forma suficiente por las representaciones sindicales la realidad de las causas alegadas".
Y es que para la autoridad laboral está claro que ante de iniciar la ejecución del ERE "debería haberse dedicado, con carácter previo a la comunicación de despido, un mayor tiempo para el conocimiento de las circunstancias que han propiciado el mismo". Sobre la composición de la comisión representativa, se aseguraba igualmente que "no ha quedado acreditado en la documentación aportada que existieran secciones sindicales a nivel grupo, legítimamente constituidas".
La compañía mantiene que el ERE obedece a causas organizativas y que ha cumplido en todo momento con la legislación aprobada tras la reforma laboral. "Del análisis del resultado de explotación se desprende una situación económica que se ha deteriorado a lo largo de los últimos años puesto que, para el periodo 2010-2012, todos los embotelladores han sufrido descensos en esta partida, siendo el porcentaje agregado del 29,7 por ciento", aseguraba Iberian Partners en el informe técnico presentado a los sindicatos, en el que se escudó para llevar a cabo el cierre de cuatro fábricas (Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca y Alicante), de las once que tenía.
De Quinto: "El ERE de Coca-Cola es muy generoso"