El primer juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra exdirectivos de cajas de ahorros, que ha sentado en el banquillo de los acusados a los antiguos gestores de la caja catalana Caixa Penedès, se ha saldado este jueves con la imposición de condenas menores que evitan su ingreso efectivo en la cárcel.
En concreto, la Audiencia ha condenado a dos años de cárcel al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès y a un año a otros tres exdirectivos al considerar que, aunque su conducta fue "maliciosa e insidiosa", han reparado el daño devolviendo los 28,6 millones en pensiones que cobraron de manera irregular.
De esta forma, el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia acepta la propuesta de las defensas de los cuatro acusados, que intentaron evitar el ingreso en la cárcel a cambio de la devolución de 28,6 millones de euros.
En concreto, el magistrado condena a dos años al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a uno a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas al considerar que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se autoconcedieron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas y cometieron un delito de administración desleal.
El magistrado considera que los cuatro han incumplido los deberes de cualquier administrador y "mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja" antepusieron los intereses personales a los sociales.
El juez ha tenido en cuenta, no obstante, que los cuatro han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas y han reconocido su culpabilidad.
Contra la petición del fiscal
Vázquez Honrubia ha tomado esta decisión en contra del criterio del fiscal, que ha mantenido su pena de prisión de 3,5 años para Pagès y de 3 años para los otros tres acusados porque su reconocimiento demuestra que "la Fiscalía tenía razón", y que engrosaron sus pensiones contratando pólizas de seguros a espaldas de los órganos de administración y control de la caja.
Pese a que su conducta ha sido "maliciosa e insidiosa" y por "una serie de procedimientos engañosos" y "burlando" los controles de los órganos de la entidad, y los cuatro exbanqueros antepusieron sus intereses "en perjuicio de la sociedad", el juez ha considerado que concurre una atenuante de reparación del daño y reconocimiento de los hechos.
De esta forma, les ha condenado solo por un delito de administración desleal y no apropiación indebida como pedía el fiscal.
"Se restaura el orden jurídico y se compensa a la víctima, por lo tanto se han sometido a la ley y al derecho y esto tiene que tener su traducción en una reducción de la pena impuesta", ha estimado el magistrado, que ha añadido que concurre una atenuante muy cualificada porque "es realmente anómalo que en este tipo de delitos se repare el daño".
El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled se ha congratulado de que Ricard Pagès, Santiago Abella, Joan Caellas y Manuel Troyano hayan reconocido los hechos y hayan procedido al reintegro de 28,6 millones de los 31,6 que se adjudicaron en pensiones, lo cual no ha evitado que mantuviera sus penas de cárcel, a las que se había adherido también la acusación ejercida por el FROB.
La Audiencia Nacional juzgará en los próximos meses a los miembros de las cúpulas de otras dos de la cajas de ahorro investigadas por irregularidades en su gestión, después de que los jueces encargados de la instrucción hayan decretado la apertura de juicio oral contra los antiguos responsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Nocacaixagalicia.
Así han esquivado la prisión
