Las energías renovables se encuentran en el punto de mira de quienes les acusan de ser culpables del déficit de tarifa. Pero el presidente de la patronal de renovables Appa, José Miguel Villarig, tiene claro que el culpable de este agujero es la improvisación del Gobierno a la hora de regular. Además, propone que las primas no se incluyan en la parte regulada del recibo como hasta ahora, sino que se recoja, por ejemplo, en la tarifa a través de un impuesto.
¿Cómo hemos llegado a tener un déficit tarifario de 28.000 millones?
Ha habido un problema fundamental en las decisiones que se han tomado año a año. El Gobierno ha reconocido unos costes que después no ha aplicado, porque ha jugado con la tarifa para controlar la inflación. Por ejemplo, en el año 2008 las primas a las renovables sólo representaron 2.400 millones de euros. Sin embargo, el déficit ese año llegó a 5.500 millones. Por tanto, no somos las culpables del déficit. Por ello, insistimos en que es necesario que el Ministerio de Industria realice una auditoría de costes del sistema para conocer la rentabilidad de cada tecnología porque los recortes se tienen que adecuar a cada negocio.
En los últimos meses ha habido contactos con la Administración ante la inminente reforma, ¿cual es vuestra propuesta?
Varias asociaciones de renovables nos hemos unido para pedir que las primas a las renovables se reconozcan como coste de la energía, con un corrector. Se podría hacer como en Alemania donde el coste de la energía aparece en el coste eléctrico como un impuesto al contribuyente.
¿Qué ventajas tendría esta modificación para el sistema?
Las renovables han conseguido bajar en unos 20 euros el coste de casación en el mercado mayorista eléctrico. Si desde 2005 a 2012 se hubieran llevado las primas al coste de la energía se habrían ahorrado 6.600 millones.
Aún queda capacidad renovable en el prerregistro por conectarse al sistema y, por tanto, cobrar prima. ¿Cree que continuarán las críticas a pesar de los sacrificios realizados?
Probablemente, pero porque las tecnologías verdes pesarán más en el mix energético. A partir de ahora van a venir al recibo 2.400 millones de la termosolar anuales, pero será a partir de ahora. Por ello, pedimos al Gobierno que no mencione a la capacidad del prerregistro a la hora de dar cifras sobre el déficit porque aún no se ha construido.
Pero esa capacidad ya se está construyendo y será un coste adicional para el sistema...
Eso es un problema del regulador y el regulador es el Gobierno. Si estas improvisando constantemente acabas con estos problemas. En 2009 se modificó la regulación y no se respetó la de 2007. Si previamente hubiéramos sabido de este recorte no habríamos construido. Ése es el error. El mayor problema es la improvisación del Gobierno, el regate en corto, el cambiar las normas cada dos por tres. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó 21 decretos leyes del sector eléctrico en siete años, pero el Gobierno de Mariano de Rajoy nos va a meter 8 ó 9 en dos años.
¿Habría que hibernar las termosolares?
No. Pero si va a pivotar todo, hay que profundizar en lo que hay dentro del déficit, como la distribución, el transporte o la interrumpilidad que recibe la industria y que no es producción eléctrica. También hay que tener en cuenta la rentabilidad de la nuclear y la hidráulica, con inversiones amortizadas. Además, hay que tener en cuenta que a los ciclos de gas les han dado una subvención a fondo perdido de 25.000 euros por megavatio durante 10 años, que tendrán su justificación por estar en la recámara, no lo discuto, pero a estos incentivos le llaman coste de energía mientras que las primas se denominan coste regulado.
Ante esta indefensión, las renovables han interpuesto una denuncia en el Parlamento Europeo, ¿en qué consiste esta iniciativa?
Se trata de hacer una llamada al Parlamento Europeo para que se posicione sobre la situación del sector de las renovables, tras la legislación adoptada por el Gobierno español en los últimos años y que constituye una flagrante infracción de las Directivas 2009/28/CE, 2009/72/CE y del principio de confianza legítima de la UE. Recurrimos a Europa porque las continuas propuestas y demandas del sector de las renovables no son tenidas en cuenta por la Administración española.
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