
El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión del impuesto sobre depósitos de entidades de crédito en Cataluña decretada en enero, cuando admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la iniciativa de la Generalitat.
En un auto de 16 páginas con fecha del 21 de mayo, el Alto Tribunal avala el gravamen "en un momento de fuertes recortes presupuestarios, obligados para afrontar las actuales exigencias de reducción del déficit y del endeudamiento de la comunidad".
De esta forma el TC respalda el argumento de la Generalitat catalana, que solicitó la autorización de la tasa afirmando que es "una medida necesaria para alcanzar nuevas fuentes de financiación", con el objetivo de cumplir las metas presupuestarias y de deuda pública y asegurar la prestación de servicios públicos.
El Tribunal suspendió la aplicación del impuesto el pasado 16 de enero, tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno.
Argumentos rebatidos
En su auto, el TC rebate los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado en representación del Gobierno. Para empezar, el Ejecutivo había reclamado mantener la suspensión porque levantarla podría "generar perjuicios irreparables para las entidades de depósito sujetas al pago del tributo"y sería un obstáculo para particulares y empresas.
En este sentido, el Constitucional considera que es una hipótesis no acreditada y que, en todo caso, "no puede prevalecer sobre los que sufrirían los intereses generales de la comunidad autónoma si la suspensión se mantuviese".
La Abogacía también alegó que otras comunidades autónomas podrían imponer impuestos similares, pero el TC ha rechazado este argumento por ser "una mera hipótesis no confirmada".
En este caso, el TC recuerda que el Gobierno central también ha creado un impuesto estatal sobre los depósitos bancarios a tipo cero, con lo que desbarata el argumento de que la iniciativa catalana pueda expandirse al resto del las comunidades autónomas.
Contra este impuesto estatal presentaron recursos también la Generalitat y el Parlament que el Constitucional admitió a trámite en mayo y está pendiente de resolución.