La libertad de horarios comerciales avanza, pero a paso de tortuga. El cambio normativo que hace año y medio promovió el Gobierno para ampliar los horarios comerciales e impulsar la apertura total en las grandes zonas turísticas se estrella con comunidades autónomas y ayuntamientos, que no parecen dispuestos a asumir una medida que levanta una visceral oposición en el comercio de proximidad, fuertemente golpeado por la caída del consumo. Ciudades eminentemente turísticas como Barcelona, Sevilla, Málaga o Bilbao mantienen un veto total o parcial a la liberalización. Descargue de manera gratuita la última edición de EcoReal
En julio de 2012, la Secretaría de Estado de Comercio, a cuyo frente está Jaime García-Legaz, aprobó el decreto por el que se ampliaba de ocho a 10 el número mínimo de festivos que podían abrir los comercios de más de 300 metros cuadrados - los de menor superficie no tienen restricciones-. Además se fijaba que 14 ciudades debían ser declaradas zonas de especial afluencia turística, lo que suponía la libertad total de apertura. El problema es que dejaba en manos de ayuntamientos y comunidades su aplicación y aunque se ha pasado de 300 a 694 en el número de las denominadas ZGAT (Zona de Gran Afluencia Turística), los resortes legales para sortearla han reducido su efectividad.
Una de las pruebas más gráficas de las dificultades para el avance de la liberalización comercial es que la mayoría de las comunidades han optado por autorizar el mínimo de festivos -10- pese a que la ley permite hasta 16.
En las zonas de gran afluencia turística, el caso más palmario del inmovilismo lo constituye Barcelona, cuyo ayuntamiento se niega a impulsar la liberalización pese a que sólo en los primeros siete meses del año ha recibido 1,3 millones de turistas de crucero.
La regulación de horarios comerciales ha sido una fuente continua de conflictos entre la administración autonómica y la central. El último enfrentamiento se dirime en los tribunales después de que el Gobierno haya recurrido al Constitucional la normativa que sacó la Generalitat para no cumplir con el aumento del número de festivos.
Un reciente informe de la Universidad de Barcelona (UB), encargado por el ayuntamiento barcelonés recomienda permitir a los comercios abrir entre ocho y 10 domingos y festivos más en los meses de verano y revisar las fechas de los ocho permitidos actualmente para aprovechar mejor la afluencia de visitantes y turistas.
Incluso la Autoridad Catalana de la Competencia, dependiente de la Generalitat, considera que la normativa autonómica tiene un "elevado grado de intervención administrativa" e impone "numerosas restricciones injustificadas a la competencia".
En esta Comunidad el otro gran caballo de batalla es Barcelona, que incumple la normativa estatal alegando que está a la espera de llegar a un acuerdo consensuado con el sector para delimitar qué zonas se liberalizan. El hecho de que los comercios de la capital catalana sigan con las persianas bajadas durante los festivos les ha costado una reprimenda del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que ha exigido al ayuntamiento que declare la ciudad como zona de gran afluencia turística. En el sector, sin embargo, algo está empezando a cambiar y comienzan a proliferar los comercios del centro de Barcelona que abren los domingos.
En Andalucía, aunque la mayoría de los ayuntamientos de las capitales han promovido la ampliación de las ZGAT a toda la ciudad, la Junta ha restringido de forma drástica la libertad de horarios a zonas y periodos muy concretos.
Guerra de cifras
En el caso de Málaga, el Gobierno regional ha reducido la medida al centro histórico, la Malagueta y el centro comercial Muelle Uno frente a la propuesta municipal que incluye la apertura para 1.200 comercios y 5 grandes superficies.
El ayuntamiento malagueño ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión autonómica después de comprobar cómo se rechazaban sus alegaciones. La liberalización, según el consistorio, favorecería la creación de 1.700 puestos de trabajo directos e indirectos.
La propuesta municipal, que cuenta con el apoyo de colectivos como la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, las Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA y Upta, las patronales hotelera, hostelera y los colectivos de consumidores, considera que los periodos establecidos por la Junta (Semana Santa y el mes de agosto) son "a todas luces insuficientes y establecidos de forma arbitraria". El presidente de la Federación del Comercio de Málaga, Enrique Gil, sin embargo, apoya las restricciones, ya que desde 2008 han cerrado 10.000 tiendas, las ventas han caído estrepitosamente y se ha producido un descenso de la facturación superior al 30 por ciento.
En su opinión, se trata de una medida que favorece a las grandes superficies y en este tiempo el pequeño comercio ha dejado de emplear a más de 10.000 trabajadores en Málaga.
En la Comunidad Valenciana, la Ley autonómica permite desde 2011 a los ayuntamientos solicitar a la Generalitat la declaración de "zonas de gran afluencia turística", lo que les da libertad total durante 15 días en Semana Santa y del 1 de julio al 30 de septiembre. En la actualidad, son 48 las declaraciones otorgadas. Al promulgarse la ley estatal, sólo los dos ayuntamientos que tenían obligación, Valencia y Alicante, pidieron ser zonas turísticas, aunque con distinto alcance. Mientras Valencia lo extendió a casi toda la ciudad, Alicante lo delimitó sólo a la zona centro.
Para evitar el intervencionismo municipal, el presidente autonómico, Alberto Fabra, intentó emular a la Comunidad Madrid, la única que permite la libre apertura en todo su territorio sin necesidad de autorizaciones de los consistorios, aunque dos meses después del anuncio el proyecto sigue en el cajón.
Conflicto en Bilbao
En Euskadi, la única ciudad que cumple los requisitos de la liberalización por motivos turísticos es Bilbao, pero no se aplica. La liberalización ha terminado por convertirse en un conflicto velado entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno vasco, ambos del PNV. Mientras que el Consistorio considera que la ciudad está perdiendo los ingresos de los turistas que lo visitan y clama públicamente por la apertura, desde el Ejecutivo se rechaza. Por ello, desde Ajuria Enea se ha tramitado recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial, que va con el respaldo de la mayor parte de las asociaciones de comerciantes del País Vasco.
Además, el Gobierno vasco está frenando la liberalización por motivos turísticos por vía administrativa. Para aplicar las modificaciones horarias el Ejecutivo vasco ha de modificar la Ley comercial autonómica y este trámite se encuentra en fase muy preliminar, por lo que ésta podría demorarse como mínimo un año.
En Galicia, la aplicación de la nueva normativa sobre la ZGAT va a tener un impacto nulo. El presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, explica que no se va a aplicar en la comunidad previo acuerdo entre el sector y la Xunta de Galicia, pese a que hay ciudades eminentemente turísticas como Santiago de Compostela.
En este sentido, Seijas admitió tener "cierta tranquilidad" puesto que el comerciante "siempre" se mostró en contra de ampliar el horario al ser una cuestión que no responde "a una necesidad del consumidor", sino más bien a un "interés político" y de las grandes superficies. Además, cree que la ampliación de horarios no generará más empleo en el sector, sino todo lo contrario.
En Zaragoza, pese a haberse declarado la ZGAT en el centro histórico ha quedado fuera su principal centro comercial, Puerto de Venecia. A pesar de no haberlo conseguido, su director de Estrategia, Salvador Arenere, considera que la declaración es "un objetivo irrenunciable por el carácter suprarregional de Puerto Venecia -más del 30 por ciento de los visitantes proceden de fuera de la provincia de Zaragoza- y hemos sido elegido el mejor centro de ocio y comercial del mundo en la presentación de los Premios Mapic 2013".
Marcha atrás en Valladolid
Valladolid representa un caso paradójico. La capital del Pisuerga implantó, en un primer momento, la liberalización en el centro, pero la fuerte movilización del comercio y la posibilidad de que la cercana localidad de Arroyo, donde se encuentra el centro promovido por Ikea, les hiciese la competencia, ha llevado a una solución de conveniencia para ampliar de 10 a 16 los festivos de apertura. Algo similar ha ocurrido en Ávila.
Para las grandes cadenas integradas en Anged, los avances saben a poco y piden a las Administraciones que ponga coto al "intervencionismo crónico" sobre el sector y aplique reformas profundas que respalden los primeros síntomas de mejora de la economía española.
Según esta asociación, la libertad de horarios genera oportunidades de negocio; impulsa el turismo de compras y dinamiza la vida de los grandes núcleos urbanos, ya que permite a los comerciantes competir en igualdad de condiciones con otras actividades del sector servicios que sí pueden abrir en domingo. De hecho, consideran que la liberalización es obligada por los cambios de hábitos en los hogares y el avance del comercio electrónico.
Las ventas de las empresas de Anged a turistas extranjeros han crecido cerca de un 18 por ciento, impulsadas por los avances de horarios de algunas ciudades turísticas y los nuevos calendarios de apertura.
Distinto panorama describe la Confederación Española de Comercio, que agrupa a los minoristas. Su presidente, Manuel García Izquierdo, asegura que defienden un modelo en el que haya "equilibrio" entre los distintos formatos y aseguran que la apertura de festivos no supone un incremento de ventas, sino el traspaso de cuotas. En este sentido, recuerda que Europa, que en su momento apostó por la creación de grandes centros comerciales, está dando marcha atrás ante la "desertización del centro de las ciudades". Añade que la liberalización no es una demanda social y critica la "inconsciencia" de las Administraciones al apoyar más aperturas de festivos, algo que impacta directamente en los minoristas, en un momento en el que están "luchando como héroes por sobrevivir".
Información elaborada por Rafael Daniel, Javier Alfonso, Beatriz Triper, Carmen Larrakoetxea, José María Camacho, Mireia Corchón, Eva Sereno y Ruth Ledoiro.
La liberalización de horarios acaba en caos
