La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de Justicia considera que el traspaso de las competencias del Registro Civil a los registradores de lo Mercantil, deja en una situación de incertidumbre a más de 2.500 funcionarios dependientes de las comunidades autónomas, cuyo futuro y estabilidad laboral, el Ministerio de Justicia no garantiza.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, iniciará el próximo mes de septiembre una campaña de movilizaciones (concentraciones, manifestaciones, encierros) que culminarán en una convocatoria de huelga en contra de la privatización del Registro Civil aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
De manera paralela, CSI-F va iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida, además de estudiar todas las medidas legales que estén a nuestro alcance para detener "in extremis" este proceso de privatización.
Entra en vigor la atribución a los registradores mercantiles del Registro Civil.
CSI-F también está en conversaciones con el colectivo de trabajadores dependientes de los registros mercantiles y de la propiedad, que se ven afectados por el proceso de fusión de registros que planea el departamento de Alberto Ruíz Gallardón para que se sumen a las protestas y de esta manera promover una movilización global en los registros civiles y privados de toda España.
Considera que el traspaso de las competencias del Registro Civil a los registradores de lo Mercantil, deja en una situación de incertidumbre a miles de funcionarios dependientes de las comunidades autónomas, cuyo futuro y estabilidad laboral, el Ministerio de Justicia no garantiza.
A esta medida suma el nuevo proyecto de demarcación territorial de los Registros lo que también supondrá destrucción de empleo que afectará de manera directa al colectivo de trabajadores de los Registros Mercantiles.
CSI-F reiteró hoy su oposición a este Real Decreto, que pone en peligro el futuro de un importante número de funcionarios interinos, que previsiblemente afectará a la gratuidad del servicio público (aunque hoy el Ministerio lo niegue) y que ha sido redactado a espaldas de los representantes de los trabajadores.
El Registro Civil llega al Consejo de Ministros tras una larga historia de desencuentros.
El Colegio de Registradores reitera su desacuerdo con la asignación del Registro Civil.
Hoy mismo, el Ministerio de Justicia se ha reunido con los diferentes responsables de comunidades autónomas con competencias en materia de justicia (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja, Navarra, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Aragón), en donde se ha evidenciado la ausencia de unanimidad.
Señala el CSI-F que el Ministerio de Justicia se esmera en asegurar la permanencia del empleo pero únicamente en el territorio bajo su gestión. Nada dice de los funcionarios que dependen de las comunidades, muchos de ellos interinos. Además, aunque quisiera, no puede obligar a las comunidades autónomas con competencias a asumir ningún compromiso de garantía de puestos de trabajo.
"CSI-F está poniendo todo la carne en el asador para evitar "in extremis" que el Gobierno lleve a cabo esta medida injusta y que resta valor a la profesionalidad y la experiencia de los funcionarios de Justicia, que son los verdaderos especialistas en la gestión del registro civil. Por tanto, en las próximas horas, tras conocer el contenido del Decreto, anunciará las medidas que adoptará contra esta decisión injusta.
