El debate sobre la extrema falta de liquidez de los planes de pensiones se ha agitado estos días con el golpe que supone una sentencia del Tribunal Constitucional a las entidades de previsión social voluntaria vascas (EPSV), figura equivalente a los planes de pensiones convencionales que tiene tres décadas de existencia y que, hasta el momento, permitía el rescate de las aportaciones a los diez años. Esta ha sido una de las principales ventajas del modelo vasco, hacia el que se miraba desde el resto del estado.
El País Vasco cuenta con un alto nivel de ahorro privado en comparación con la media española, y el peso del patrimonio de las EPSV sobre el PIB es cuatro veces mayor que la media de planes de pensiones (ver datos de Inverco y Federación de EPSV). En este ratio España ocupa un lugar muy por debajo de lo que correspondería a su economía.
La Sentencia del TC (BOE de 4 de julio) estima parcialmente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, sobre algunos artículos de la Ley del País Vasco 5/2012 (versión moderna de la Ley 25/1983), entre ellos el artículo 23.1, sobre el derecho del partícipe de una EPSV, de modalidad individual o asociada, a rescatar, total o parcialmente, sus derechos económicos, una vez transcurridos diez años desde la primera aportación. Esta práctica, según la Sentencia, se realiza en el País Vasco desde 1984 con la máxima normalidad sin que haya generado conflictividad.
Sin embargo, el Tribunal estima el recurso al admitir que la posibilidad de rescate es contraria al artículo 9 del Reglamento de Planes y Fondos de pensiones por invadir la competencia del Estado en materia de legislación mercantil. Y esto nada menos que tres décadas después de la existencia de las EPSV, entidades de ahorro que se han desarrollado más que los planes de pensiones vigentes en el resto del territorio
¿Tiene sentido la impugnación del Gobierno? Es conocido que en España existen factores "diferenciales" y agravantes en la sostenibilidad del sistema público de pensiones: unas elevadísimas y persistentes tasas de paro y unos salarios reducidos, circunstancias que merman la capacidad de ahorro. Pero también hay una gran desconfianza a la hora de contratar planes privados, tanto por parte de los jóvenes, que temen inmovilizar sus exiguos ahorros hasta la jubilación, como por parte de quienes ya tienen contratado un plan y se han visto afectados por situaciones económicas delicadas.
Esa es la madre del cordero; preocupa mucho más la extrema falta de liquidez que reducir las comisiones o el tratamiento fiscal tradicionalmente favorable. Los supuestos de rescate anticipado, antes de la jubilación, son enormemente restrictivos, a saber: enfermedad grave, fallecimiento, desempleo y riesgo de desahucio. No se contempla, en cambio, sufrir una merma importante en los ingresos regulares, algo común en situaciones de recesión económica. Lo que viene provocando que algunos trabajadores se conviertan en "desempleados a la fuerza" para poder rescatar cantidades o "prejubilados a la fuerza", si es que reúnen los requisitos, y así percibir hasta tres tipos de ingresos: las prestaciones por desempleo, el rescate del plan y, en el caso de los prejubilados, el pago de las pensiones, además, de dejar de percibir la Seguridad Social las cotizaciones prematuramente.
Es obvio que muchos trabajadores afectados, si hubieran tenido la posibilidad, como ocurría en el País Vasco, de rescatar antes, total o parcialmente, sus aportaciones al plan de pensiones para compensar una coyuntural merma de ingresos, habrían continuado en activo, con la esperanza de superar su delicada situación económica. Una sentencia difícil de justificar cuando el sistema de las EPSV lleva tanto tiempo funcionando con éxito, precisamente por la posibilidad de rescate a los diez años. En definitiva, más que recurrir el sistema vasco, lo que habría que hacer es generalizarlo como han recomendado varios expertos. El recurso, y posterior estimación, promovido por el Presidente del Gobierno ha generado un fuerte malestar en la sociedad vasca, por lo que merece una explicación.
Juan Rubio Martín, profesor y doctor en Economía. Universidad Complutense.